La segunda visita presidencial de Andrés Manuel López Obrador a Michoacán, la de este viernes en Huetamo, se da en un marco muy diferente al de la primera, la de hace un mes, porque en aquella el único objetivo era poner en marcha el proceso de desconcentración del IMSS a Morelia; por tanto, no había mayor obligación de fijar postura sobre temas torales para la entidad.
En cambio, este viernes el tabasqueño viene a una gira “michoacana”, donde la temática no podrá ser otra, por ende, que la michoacana.
Y si partimos de la realidad de que hoy la gran problemática de la entidad pasa irremediablemente por la ocasionada por el empecinamiento de la mafia centista en poner el filo del desfiladero al gobierno de Silvano Aureoles, y todas las consecuencias que ello ha generado, entonces no queda sino advertir que es obligado para el presidente fijar postura, pero ahora sí de manera tajante, sin dobleces, en torno a la educación.
Es evidente que se vería fuera de lugar si López Obrador se sale por la tangente y se constriñe a anuncios de programas sociales, para el agro en particular, que siendo importantes, pueden ser colocados en el segundo nivel de prioridades, si se contrastan con la problemática educativa.
En específico, será fundamental la posición presidencial respecto de la controversia constitucional presentada por el gobierno aureolista ante el Poder Judicial Federal, para que dilucide cuál de los dos niveles de gobierno, el federal o el estatal, debe hacerse cargo de los servicios educativos michoacanos, así como fijar su posición respecto de la ingobernabilidad desatada en Michoacán por sus aliados los centistas, al bloquear desde hace casi un mes, todo el sistema ferroviario.
Hasta ahora, el presidente ha sido bipolar en ese sentido: primero dijo no ver con malos ojos la federalización de la educación michoacana, pero luego, muy a su estilo, reculó, para advertir que es el Estado el responsable de ello.
La indefinición sobre el particular, es altamente dañina. Lo ideal, desde luego, es que aceptara la federalización, y eso llevaría al gobierno michoacano a retirar su controversia constitucional, o al menos encontrar una solución conjunta, equilibrada y justa, en la que cada nivel de gobierno se haga cargo de la educación, pero en la medida de sus capacidades financieras. Y lo ideal, también, es que asuma la responsabilidad federal en cuanto a los hechos delictivos atribuibles a la Cnte en las vías férreas del estado y el colapso generado con su bloqueo.
Lo único que sería imperdonable, es que este viernes López Obrador vuelva a batear el tema.
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