La corrupción odio todo lo que no está corrupto
Paul Park (cantante norteamericano)
La presidenta del Instituto Electoral de Michoacán, Araceli Gutiérrez Cortés, asegura que las indemnizaciones y los ajustes salariales, de los que se dio cuenta en RESPUESTA, son basadas en la normativa que el organismo tiene vigente en su aspecto laboral y administrativo. Es decir, que ningún monto es en desapego a la norma, a la ley.
Es correcto, seguro debe ser así. Empero, ello no obsta para cuestionar la calidad moral e incluso la ética con la que se conduce un organismo autónomo para fijar sus propias condiciones de trabajo.
¿Es justo que un consejero electoral perciba 113 mil pesos al mes? Eso es más que el sueldo del presidente de la república. Y ni hablar del presidente del IEM, que gana ¡141 mil pesos!
¿Es justo que un presidente, como el anterior, Ramón Hernández Reyes, se haya auto indemnizado porque supuestamente iba a dejar el organismo, pero que al volver a ser nombrado –como todos sabíamos que iba a ocurrir- no devuelva el dinero y siga tan campante, y que vuelva a recibir una segunda indemnización ahora que sí fue obligado a renunciar?
¿Es justo que a un empleado con cinco meses de antigüedad, se le vaya a indemnizar, sino con 174 mil pesos como publicó RESPUESTA, ya que esa es la propuesta de convenio, sí quizá con 120 mil, como la propia presidenta reconoció ayer como posible?
¿Es justo que durante la última adquisición de vehículos oficiales, el IEM haya dividido en dos la compra, para evadir la licitación y hacerlo pro compra directa, con las consabidas sospechas de corrupción y moche que ello genera?
¿Es justo que se le pague una “iguala” mensual a los representantes de partido ante el Consejo General del instituto, cuando la ley en ninguna parte contempla ese gasto?
Son sólo algunas de las dudas que asaltan a la hora de evaluar a un organismo que claramente ha quedado mucho a deber en términos no sólo de eficiencia, sino de transparencia.
Por casos como el IEM, es que los enemigos de los organismos autónomos, como la 4T y el presidente López Obrador, encuentran armas para deslizar la necesidad de desaparecerlos, bajo el argumento de que cuestan mucho. Y sí, cuestan mucho, pero por los abusos, excesos y corrupción que en ellos prevalecen.
Los salarios y el monto de indemnizaciones podrán ser “legales”, pero porque las condiciones generales de trabajo del IEM son así de leoninas. Pero lo “legal”, no les quita lo inmoral. El abuso es abuso, aún siendo “legal”.
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