No hay medio más sutil y más seguro de trastocar la base de la sociedad, que el de corromper el dinero
John Maynard Keynes (1883-1946) Economista inglés
La pugna entre taxistas concesionados y conductores de la aplicación Úber, vuelve a cobrar vigencia y en proporciones francamente peligrosas, dado que la violencia y las agresiones de los primeros a los segundos va en constante aumento.
No es sólo Cancún y su zona hotelera, donde de plano ya el gremio de taxistas no sólo agrede a los conductores de Úber, sino a los mismísimos pasajeros por tener la «osadía» de solicitar el servicio de estos últimos. También en Morelia resurge el fenómeno y el gobierno debe tomar cartas antes de que se convierta en un problema francamente desbordado y fuera de control.
El asunto es que el gobierno, en este caso el bedollista, debe intervenir pero no en actitud parcial en favor del gremio taxista, sino de forma equilibrada, imparcial, garantizando antes que otra cosa que el menos perjudicado sea el usuario, antes que cualquier de los grupos en pugna. Hasta ahora, hay que decirlo, no ha sido así, el gobierno, a través de la ineficaz Cocotra, ha intervenido burdamente en colusión con las uniones de taxistas, pese a que hay resoluciones de la Corte en el sentido de que Úber, y cualquier otro servicio de ese tipo, tiene todo el derecho de ofrecer sus servicios.
Es un momento apropiado para que el gobernador Ramírez Bedolla siente un precedente, fije un paradigma que podría ser un referente a nivel nacional en el rubro del transporte urbano: eliminar la figura de las concesiones, y que operen tanto como taxi como de una plataforma digital, todo el que quiera hacerlo, solo cumpliendo estrictas medidas de seguridad, como la identificación plena de los conductores, quiénes son, dónde viven, qué antecedentes de todo tipo tienen, etcétera.
Además, taxistas y Úber por igual deberán no sólo comprobar unidades en buen estado, sino que están ellos en condiciones físicas y emocionales aptas para ese trabajo. Y el gobierno, a través de Cocotra y Seguridad Pública, llevará un monitoreo computarizado de todas las unidades del transporte en circulación, vigilando rutas y movimientos. Quien infrinja cualquier requisito simplemente no podrá seguir operando. La ley de la oferta y la demanda, es decir, el mercado, regulará el número de taxis y Úber, lo mismo que las tarifas, sin concesiones de por medio. El gobierno, eso sí, será el rector rígido del servicio.
Suena radical, y lo es, pero claramente esa es una forma eficaz por parte del gobierno de ordenar el servicio pero de forma equilibrada, imparcial y, sobre todo, poniendo por delante al que históricamente ha estado al final de la fila de las prioridades: el usuario. Éste ganaría con la posibilidad de elegir qué tipo de servicio quiere usar, sin riesgo de ser agredido por energúmenos taxistas. Bedolla se vestiría de luces si aplica una política como la descrita. Veremos. Y a la pesadilla ya sólo le quedan 616 días.
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