En muchas empresas el silencio no es oro; es un sobre
Jaume Perich (1941-1995) Humorista español
El director general de PKF México, el despacho que hará la auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar de la contabilidad gubernamental, Luis Alberto Cámara Puerto, es contundente al advertir que su compromiso es entregar un trabajo de tal forma profesional que ayude a clarificar y saber qué demonios pasó para llegar al desfalco financiero que hoy sufrimos en Michoacán, quién o quiénes fueron los responsables y, sobre todo, qué sanciones recibirán éstos.
No conozco desde luego al señor Cámara. Platico con él en RESPUESTA RADIO este jueves y debo admitir que suena firme, que genera confianza al menos en el discurso, por la certeza de sus compromisos: dice no iniciar la auditoría forense con línea o prejuicio alguno, es decir, sin la intención de perjudicar a priori a nadie, pero tampoco de proteger a nadie.
Reconoce que se trata de un trabajo complicado por tener que hurgar en movimientos financieros del gobierno desde el año 2003, pero dice tener confianza en que se podrá lugar, tanto porque su despacho cuenta con el personal y la tecnología para hacerlo, como porque la Secretaría de Finanzas del estado le ha dado garantías de poder meterse hasta la cocina.
Habrá que esperar, claro, a que lo que ofrece lo cumpla. El Congreso y el gobierno estatales recibirán informes trimestrales de PKF y sin duda no pocos medios estaremos con la lupa encima de ellos.
Si cumple con un trabajo profesional, a fondo, imparcial, quedará luego en manos del gobierno las sanciones a que den lugar dichos resultados. El despacho no meterá a nadie en la cárcel, entregará resultados y de éstos deberán derivarse acciones penales pero por la autoridad, sea el Congreso, el gobierno del estado o incluso el federal.
El escenario para buscar que el desfalco en Michoacán propiciado en los gobiernos de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy y Fausto Vallejo no quede en la impunidad, tiene cuatro pistas: la primera se cumplió con la iniciativa de los diputados ordenando al Ejecutivo contratar a un despacho para realizar esa auditoría forense; la segunda también se cumplió con la aceptación de éste –pudo haberse negado bajo cualquier pretexto; la tercera será el trabajo que haga el despacho auditor y la cuarta quedará en la cancha del gobierno, que con la auditoría en mano deberá decidir qué hacer con ella, guardarla en el escritorio como hizo Fausto Vallejo con la que le entregó el despacho González Aragón, o actuar en consecuencia y meter en la cárcel a quien deba meter, que seguro no serán pocos.
Veremos si las cuatro pistas se materializan.
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