Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón
Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español
Héctor Ayala no ha iniciado, ni remotamente, de la mejor manera su paso como secretario de Educación en el Estado. Apenas el gobernador Silvano Aureoles recién le ha dado ese nombramiento y Ayala se estrena con serias acusaciones de corrupción en el proceso de la aplicación de exámenes para aspirantes a las escuelas normales.
No puede señalarse directamente al secretario en ese sentido, desde luego, pero sí al personal de mandos medios y superiores de la SEE, que habrían propiciado la venta de exámenes, lo cual evidencia una falta de control del titular de la dependencia en un proceso tan delicado y susceptible de situaciones irregulares, como el relativo a los exámenes para ingresar a las escuelas normales.
Si ya se sabe que llegar a esos planteles es altamente codiciado, no por la vocación y el apostolado hacia la docencia de jóvenes de escasos recursos, sino por la garantía de una plaza de por vida una vez que egresan, era fácilmente previsible que el proceso de la aplicación de los exámenes de admisión sería susceptible de corromperse sin mucha dificultad.
Y si a ello se le aúna la histórica fragilidad de los controles administrativos de la SEE y el alto nivel de corrupción en todos sus niveles, prácticamente para cualquier trámite, resulta evidente que el referido proceso de aspirantes a normalistas debió vigilarse con pinzas.
Hay, por lo conocido hasta ahora, elementos para sospechar que, en efecto, las quejas de que el procedimiento de exámenes fue corrompido, son sólidas. Si ese primer filtro no lo pudo cuidar Ayala, ahora está doblemente obligado a indagar a fondo qué diablos pasó y sancionar con toda drasticidad a los posibles corruptos de la dependencia a su cargo.
Queda claro, pues, que el inicio de Ayala no resultó lo terso que pudo haber deseado, pero al menos tiene la oportunidad de clarificar el penoso escenario de posible corrupción en los exámenes de ingreso a las escuelas normales. Ayala no debe buscar una solución política al escándalo, sino rastrearlo y llegar hasta sus últimas consecuencias, incluyendo si se ameritan sanciones de tipo penal. Veremos cómo encara el escándalo.
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