Ninguna dictadura puede tolerar el jazz; es la primera señal de un retorno a la libertad.
Dave Brubeck (1920-2012) Músico estadounidense
El gobierno estadounidense decidió reabrir las fronteras a la importación del aguacate michoacano, al aceptar una supuesta propuesta de las autoridades mexicanas, federales y estatales, para garantizar la seguridad de los inspectores que representan al vecino del norte, en sus recorridos por los municipios productores para verificar la calidad de la fruta.
Así, de manera general, sin entrar en ninguna clase de detalles, se hizo el anuncio oficial de la reapertura del mercado norteamericano al aguacate michoacano, como corolario a una visita de medio día del embajador Ken Salazar a esta capital. Tras tres reuniones, dos en Casa de Gobierno y otra en un hotel de Santa María con los jerarcas de la APEAM, se logró ese “acuerdo”.
Por supuesto, plausible que Estados Unidos reabra sus fronteras, pero la pregunta es: ¿cómo pueden el gobierno michoacano y el federal garantizar la seguridad de los inspectores de ese país? Cualquiera sabe que eso es absolutamente imposible. Ni el Gobierno federal, mucho menos el local, tienen siquiera algo cercano a la capacidad para formular tal garantía, con cárteles que operan a sus anchas, incluso con el visto bueno de ambos gobiernos.
Aun si quisieran realmente meter en cintura a los criminales, ningún nivel de gobierno tiene siquiera la capacidad para confrontarlos. En la realidad, lo que impera es la colusión.
Luego entonces, solo queda inferir que esa “garantía” de seguridad ofrecida por las autoridades mexicanas, pasa, como ha ocurrido históricamente, por convenir con los líderes delincuenciales que sus prácticas de extorsión y de cobro de piso excluyan a los inspectores que representan al Tío Sam, pero a cambio pueden mantenerlas libremente en contra de los productores, empacadores y exportadores de aguacate michoacanos.
A fin de cuentas, éstos ya están acostumbrados a operar bajo las reglas de la criminalidad y en sus proyecciones financieras de cada año, contemplan incluso las millonarias sumas que deben entregar sistemáticamente a los cárteles, para poder producir y exportar.
Esa ha sido siempre la deleznable “estrategia” de seguridad de los gobiernos federal y estatal para evitar que los inspectores de EU sean víctimas de la criminalidad. Éstos seguirán a salvo, y los michoacanos seguirán esclavizados por la delincuencia.
No es entendible ninguna otra “estrategia” mexicana planteada a Salazar. Sin duda, fue la que volvió a destrabar el conflicto, otra vez.
Y a la pesadilla, a la actual, ya solo le quedan 98 días.
X@jaimelopezmtz
