Si algo significa la libertad, es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír
George Orwell
Algo debe cambiar en las políticas de supervisión del gasto público en Michoacán, dado que a la luz de la revisión a la Cuenta 2020 por parte de la Auditoría Superior y del Congreso del Estado, es claro que, como está, el modelo no sirve de mucho.
El Congreso aprobó, con apretada mayoría, la Cuenta Pública 2020, el último año completo del gobierno de Silvano Aureoles, pero lo hizo en medio de un golpeteo y una polarización pocas veces vista entre las bancadas legislativas.
No puede soslayarse que la misma Constitución del estado es ambigua: habla de la obligación de los diputados de «fiscalizar» cada año el manejo de los recursos por el poder público, nunca de «aprobar» o «reprobar». En estricto sentido, con darse por enterados de la revisión que haga la Auditoría Superior, los diputados estarían cumpliendo la ley, que, repito, en ninguna parte les señala la atribución u obligación de aprobar o no, porque esto en realidad tiene más un sentido político y mediático.
Ya se hizo costumbre que los titulares de medios hablen de que los diputados aprobaron o reprobaron determinada cuenta pública, con más estridencia que repercusiones legales, dado que aprobarla o no produce exactamente lo mismo: nada.
Por eso, es urgente que se mejore el marco legal para que la revisión de la cuenta pública no quede en la inutilidad, para que las irregularidades comprobadas sean efectivamente sancionadas, pero no moral sino penalmente.
Ahora, como otros años, todo quedó en gritería, en acusaciones y mentadas de madre entre las bancadas opositoras y las de Morena y sus aliados. Aprobar la cuenta 2020 fue un acto meramente simbólico, pero igual hubiera sido si no la aprueban, no habría tenido repercusiones de ningún tipo, porque la ley no las contempla.
En corregir esas lagunas debieran enfocar los diputados sus baterías, no en alegatos estériles en aras de ganar notoriedad. Veremos si lo hacen. Tienen un año más.
twitter@jaimelopezmtz
