La libertad es el derecho a decirle a la gente aquello que no quiere oir
George Orwell (1903-1950) Escritor británico
Menudo reto enfrentan los gobiernos estatal y municipal, ante el amago de los comerciantes “guadalupanos” de instalarse, sí o sí, utilizando la fuerza si es preciso, en los alrededores del templo y calzada de San Diego.
En condiciones de normalidad, este viernes se instalarían los cientos de comerciantes, vendedores de caña y propietarios de juegos mecánicos. La mayor parte de ellos, hay que decirlo, oriundos del Estado de México. Pero como no hay condiciones de normalidad, sino de absoluta excepción por la pandemia que despunta a su fase más dramática en la recta final del año, ambos niveles de gobierno tomaron la decisión, acertada bajo cualquier óptica, de prohibir la instalación del comercio en esa zona de la ciudad.
Y los jerarcas eclesiásticos tomaron la decisión, igualmente acertada por congruente y sensata, de cerrar el templo a partir del primero de diciembre, para colaborar en el esfuerzo por evitar aglomeraciones en la zona.
Es decir, las autoridades tanto civiles como religiosas, han hecho lo que estaban obligadas a hacer. Y quienes se mantienen en la negativa de acatar la prohibición, son los comerciantes. Se entiende que su posición está basada en la expectativa de recuperarse en algo de la grave crisis económica que sin duda enfrentan la gran mayoría de ellos, en razón de las restricciones que casi todo este año ha habido por el confinamiento a que ha obligado la pandemia.
Empero, en una crisis sanitaria como esta, la autoridad no puede dudar en poner por delante el tema de la salud, antes que el económico. Desde luego es impensable que puedan garantizarse medidas sanitarias en San Diego, como insisten en ofrecer los comerciantes. Permitir el funcionamiento del comercio ambulante en la zona, constituiría una auténtica bomba de tiempo que incentivaría contagios masivos. Cierto, los comerciantes pasan penurias económicas; el 99 por ciento de los mexicanos las pasan también por la pandemia, pero ello no justifica el riesgo de muerte que significaría la actividad comercial en esa zona de la ciudad. Bajo ninguna circunstancia, el gobierno, los gobiernos, no pueden dar su brazo a torcer. Lo que está en juego es la vida humana. Veremos.
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