La propaganda es para una democracia lo que la violencia es para una dictadura.
William Blum (1933-2018) Escritor estadounidense
Tal como fue por la cabeza del auditor Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, el gobierno estatal habría decidido ir ahora por la del fiscal Adrián López Solís, a menos que éste, a su vez, ponga en charola de plata la del exgobernador Silviano Aureoles.
El aparente talante democrático con el que siempre navegó Alfredo Ramírez Bedolla, a la hora de ejercer el poder se diluyó y a las primeras de cambio, en cuanto tuvo oportunidad, ordenó la remoción, al costo que fuera, de Aguirre Avellaneda. La historia es bien conocida: su bancada legislativa le fabricó al auditor acusaciones sin mayor sustento para proceder a una ilegal sustitución, para lo cual gobierno compró el voto de los seis diputados panistas. Que el auditor tuviera un nombramiento de siete años, no fue obstáculo para ponerlo en el paredón.
En ese momento, el fiscal López Solís debió leer que el siguiente en la lista sería él, incómodo como es para el gobierno morenista por vinculársele a Silvano Aureoles.
Hoy, todo apunta a que desde Casa de Gobierno se prepara una embestida en su contra, vía obviamente la próxima bancada de la 4T en el Congreso del Estado, que se prevé sea aún más obsequiosa que la actual.
En teoría, removerlo sería aún más complicado en términos legales que en el caso del Auditor, porque el fiscal, dice la Constitución, es autónomo y además fue designado por nueve años, de los cuales apenas han transcurrido la mitad.
Pero para este gobierno, ni autonomías ni Constitución son obstáculos para eliminar perfiles o incómodos o adversarios. Huelga aclarar: el objetivo sería colocar a un abogado morenista, de “casa”, en la Fiscalía. Gobierno tendrá los votos en el Congreso suficientes para atreverse a violar la Constitución y darle una mascarada legaloide a una eventual destitución del fiscal.
Claro, siempre habrá la posibilidad de “convencerlo” de renunciar. El uso mafioso del poder es el timbre de la 4T.
Empero, la “estrategia” de gobierno contemplaría darle la oportunidad a López Solís de enviar una señal de “amistad” con el gobierno, y comprometer su colaboración para fincarle denuncias penales a Silvano Aureoles, su ex jefe, impulsor para el cargo y, sobre todo, amigo de años. La disyuntiva para el fiscal sería fácil: si coopera con la venganza del actual mandatario en contra de su antecesor, le permitirían seguir en el cargo. Caso contrario, le “invitarían” a renunciar o, por último, entraría en operación la guillotina del Congreso, tal y como ocurrió con el auditor.
Aunque por razones políticas López Solís se ha distanciado de Aureoles al interior del PRD, es de suponerse que no se prestaría al objetivo de Casa de Gobierno de fincarle responsabilidades penales.
El gobierno buscaría venganza, sí, pero también comenzar a labrar el camino al 27 mandando a la cárcel, o al menos abriendo investigaciones penales a personajes de la oposición a los que puede acusar, con o sin argumentos, de corrupción. La alicaída imagen del bedollismo buscaría así ser contrarrestada con golpes mediáticos.
Como sea, es hora de que el fiscal ponga sus barbas a remojar. Al tiempo.
Y a la pesadilla, a la actual, ya solo le quedan 92 días.
X@jaimelopezmtz
