Las promesas que hicieron ayer los políticos, son los impuestos de hoy
William L. Mackenzie King (1874-1950). Político canadiense
El Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha tramitado ante la justicia federal un amparo para tratar de que los magistrados michoacanos vuelvan a contar con la protección del fuero constitucional. Un juez federal aceptó darle curso a la petición y se espera que en breve se conozca su resolución.
De entrada, pareciera que la demanda de los magistrados michoacanos va a contra corriente de la inercia nacional de retirar el fuero para todo tipo de servidores públicos, debido a que el beneficio casi siempre ha sido mal utilizado, las más de las veces para proteger a diputados, jueces, gobernadores, alcaldes, de actos delictivos que cometen a sabiendas de que cuentan con esa cobertura.
El ejemplo más ruin de la prostitución del fuero, lo constituyó sin duda Julio César Godoy Toscano, acusado de nexos con el crimen organizado y que aun así fue ayudado por diputados perredistas para ingresar a escondidas a San Lázaro para tomar protesta y así contar con fuero constitucional.
Apenas hace unos pocos meses, la 73 Legislatura michoacana aprobó la eliminación del fuero para todos los servidores públicos, menos para sus integrantes, los diputados locales. En efecto, ellos se reservaron mantener vigente el beneficio, aunque sólo para casos relacionados con sus exposiciones en tribuna, es decir, para que éstas no fueran motivo para ser demandados por nadie. Parece medianamente razonable la excepción.
Pero los magistrados michoacanos consideran que si los diputados se reservaron el fuero para esos casos, meramente políticos, su papel de juzgadores y de quienes emiten sentencias que no pocas ocasiones pueden conllevar riesgos incluso para su integridad física, más en un estado tan complicado en esas lides como Michoacán, justifica aún más que al menos para esa función, puedan mantener su fuero.
Y creo que en esa lógica, tienen razón. No piden los magistrados mantener fuero abierto, sin límite alguno, como hasta hace un año lo tenían todos los servidores públicos, sino sólo para protegerlos en las sentencias penales que emitan.
Así, es de esperarse que la justicia federal les dé la razón. Lo importante es que el fuero no sea más escudo de impunidad contra políticos y servidores públicos que dolosamente cometían delitos, con la certeza de que no recibirían castigo justo por ese beneficio, a todas luces prostituido. Con los matices que se plantea para diputados y magistrados, me parece razonable que se aprueben los cambios propuestos por éstos últimos. Veremos.
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