La misión de los políticos no es la de gustar a todo el mundo
Margaret Thatcher (1925-2013) Política británica
En punto de quiebre se encuentra la mayor parte de los llamados giros rojos, a resultas de las restricciones que han impuesto los gobiernos estatal y municipal al horario de su operación: siete de la tarde-noche deben estar cerrados.
Pero resulta que esa es apenas la hora en que regularmente abren ese tipo de negocios, bares y centros nocturnos básicamente. Evidentemente, la restricción no es exclusiva para ellos, es generalizada para toda actividad en esta pandemia, con excepción de farmacias, centros gastronómicos y gasolineras, entre algunos pocos giros comerciales más; el problema para bares y centros nocturnos, es que en la lista de «esenciales», claramente van al final.
Pero ello no significa que no se dimensione y preocupe el impacto económico y social que tiene el cierre de ese tipo de negocios, sobre todo por la pérdida de cientos de empleos, fenómeno que ya cumple prácticamente el año.
En ese entorno, tanto el gobierno como el ayuntamiento están obligados a poner en marcha acciones básicas en auxilio de esos trabajadores y de los propietarios incluso. A los primeros, reanudar la dotación de canastas básicas y un bono “de supervivencia” estaría plenamente justificado. Y a los dueños, condonarles el pago de los impuestos y servicios que correspondan al estado y al municipio, durante el tiempo que estén imposibilitados de laborar.
Son cientos de familias las que dependen de un empleo que tiene ya casi un año que no les genera prácticamente ningún recurso. Más allá de problemas de orden económico, el gobierno, en todos sus niveles, está obligado a implementar políticas públicas de elemental solidaridad y subsidiaridad con sus gobernados.
Que ese tipo de establecimientos se encuentren sin operar, se justifica sin regateo alguno en estos momentos, porque los servicios que prestan claramente no son esenciales, pero ello no reduce la gravedad de que cientos de trabajadores y sus familias se encuentren sin sustento. Como ahí no cabe un “equilibrio” entre salud y economía, entonces el poder público debe actuar con un principio de sensibilidad social, el que por ejemplo no muestra el gobierno federal. Veremos si al menos los niveles estatal y municipal sí lo hacen. Sería lo mínimo que debemos exigirles: solidaridad con quienes se encuentran en mayor apremio. twitter@jaimelopezmtz> jaimelopezmartinez@hotmail.com
