Donde hay grandes sumas de dinero, es recomendable no confiar en nadie
Agatha Christie (1890-1976) Escritora británica
El gobierno del estado no puede darse el lujo de ir por una tercera ronda de propuestas para despachos que estén interesados en la realización de la auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar, porque en una eventual tercera ronda se corre el riesgo de que termine ganando un despacho de nimia confiabilidad y que por ende los resultados que entregue no tengan mayor credibilidad y, en consecuencia, que el dinero que se gaste en contratarlo, sea tirado.
El gobierno y el Comité de Adquisiciones tienen ya una carta sólida: Contadores y Asesores de Negocios PFK, filial de una firma norteamericana que goza del suficiente prestigio como para que sus trabajos de auditoría resulten confiables.
En los hechos, la oferta más sensata y viable es la de ese despacho, toda vez que las otras dos caen por sí mismas: Lores Budiño cobra la friolera de 129.6 millones de pesos, que vuelve su oferta absolutamente inalcanzable, imposible de pagar para un estado en ruinas, y Galaz-Yamazaki, una franquicia de Deloitte, firma de renombre mundial, está inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, que si bien sólo le impide participar en licitaciones donde hay de por medio recursos federales, que no es el caso, el gobierno estatal no quiere correr riesgos de señalamientos y críticas por contratar a un despacho con ese asterisco.
Por descarte, pues, queda PFK. Ni está inhabilitado ni presenta ofertas inalcanzable –la suya es de 13.8 millones de pesos- y, además, es un despacho serio, de prestigio. Es de esperarse que acepte mantenerse en la licitación y que este viernes el Comité de Adquisiciones se decante por él, porque lo peor que podría pasar es que vuelva a declararse desierto el proceso, porque se enviaría la señal de que nadie quiere haber trabajos de profundidad auditora en Michoacán.
No exagero si advierto que la realización de la auditoría forense a la cuenta Cargos por Aplicar, es una de las últimas oportunidades de enviar señales concretas y contundentes de combate a la impunidad y la corrupción en Michoacán. Dicha cuenta fue un monumento a ellas, a la impunidad y la corrupción, y debe ser destapada y exhibida, amén de que la auditoría debe servir para enviar a la cárcel a los responsables de su manejo, que son los mismos del quebranto y el desfalco financiero y del endeudamiento inmoral que hoy vive la entidad.
El quid del asunto no es financiero ni técnico, sino enteramente de decisión política. Veremos si la hay.
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