Donde hay poca justicia, es un peligro tener la razón
Francisco de Quevedo (1580-1645) Escritor español
Por donde se le vea, no existe un argumento sólido que justifique que no se reabra la investigación por los llamados “granadazos” del 15 de septiembre de 2008, en el corazón de Morelia.
Primero, porque se trata de un delito de lesa humanidad, y que por tanto no prescribe, y segundo porque no hay nadie en la cárcel como autor material o intelectual de los hechos; es decir, por un mero acto de justicia, debieran los gobiernos de Silvano Aureoles y de Andrés Manuel López Obrador empujar por la reapertura de la investigación, ahora a cargo de la Fiscalía General de la República.
Hoy, en la clase gobernante pareciera caldear el ánimo de que es mejor “no moverle” ya al asunto, si a la vuelta de once años hay mucha gente que ni lo recuerda, o simplemente porque no tiene sentido reabrir una herida que comienza a sanar.
Es una lectura muy simplista y hasta inmoral de quienes así piensan.
La primera investigación fue un conjunto de medidas de verdadera asquerosidad judicial: mandos policiacos del gobierno del estado se habrían reunido con las cabezas de la Familia Michoacana para acordar una estrategia conjunta de control de daños, luego de la ira que en todo el país generó la muerte de ocho personas asistentes a la ceremonia de El Grito aquella noche, y varias decenas de heridos, al detonarse un par de granadas.
El acuerdo habría consistido en que el grupo delincuencial levantara a algunos hombres para que fueran acusados de los granadazos y entregados a la entonces PGR. Y así sucedió, la PGR recibió el “pitazo” anónimo de que en unas casuchas perdidas en la serranía, estaban encerrados los autores del crimen. La Policía fue por ellos y, en efecto, los encontró maniatados. Les endilgó la responsabilidad y un juez igual de corrupto aceptó abrirles el procedimiento y mantenerlos en prisión varios años, pese a las múltiples pruebas y testimonios de que esa noche ellos estaban en su propio festejo a cientos de kilómetros de Morelia.
La versión del encuentro la publicó la revista Proceso, y jamás fue desmentida por nadie.
Al final, sucedió lo que tenía que suceder: los acusados fueron exonerados de toda responsabilidad. Y a partir de ahí, el tema se volvió tabú, nadie ha querido vislumbrar la reanudación de las investigaciones.
Claramente, esa actitud sólo abona a acendrar la injusticia y la inmoralidad. Así como pone énfasis en no enterrar el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni el de la tragedia de la Guardería ABC, el presidente López Obrador debiera pugnar por incorporar en esa lista el caso de los granadazos de Morelia. Y si no quiere, debiera ser el gobernador Aureoles el que lo haga, solicitando lo propio bien sea a la Fiscalía General de la República, o a la Estatal.
Pero lo que no puede ser, es que el caso siga abierto no sólo en el corazón y en el ánimo social, sino en la propia justicia, y que todo mundo evada la responsabilidad de impulsar por la reapertura de la investigación.
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