La política es el arte de disfrazar de interés general el interés particular
Edmond Thiaudiere (1837-1930) Escritor francés
Que renuncien o sean removidos funcionarios de un gabinete gubernamental, es absolutamente normal y, en no pocas ocasiones, sano y necesario. Pero que apenas en los primeros siete meses sean ya varias las renuncias, y todas tronantes, debe encender la luz de alerta en quien encabeza ese gobierno.
Es el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien en poco más de un semestre le han renunciado siete funcionarios de primer nivel, tres de ellos integrantes del gabinete central.
Carlos Urzúa decidió separarse del cargo de secretario de Hacienda, por estar en contra de la política económica del presidente y por imposiciones de funcionarios en su dependencia. Poco antes, Germán Martínez Cázares había dejado la dirección del IMSS, también inconforme con las políticas públicas de la 4-T en materia de salud y asistencia social, y para no ser un mero florero, como él dijo.
Josefa González Blanco ha sido el único caso de renuncia por así decidirlo el presidente, luego de protagonizar un incidente bochornoso al pedir que un vuelo comercial de Aeroméxico se retrasara para que ella, como secretaria del Medio Ambiente, alcanzar a abordarlo.
Simón Levy renunció al cargo de subsecretario de Turismo, por no estar de acuerdo en el recorte presupuestal a los programas de promoción turística y en el cierre de las oficinas de ProMéxico en el mundo.
Patricia Bugarin dejó, también por inconformidad con la política del estado mexicano en materia de combate a la criminalidad, la Subsecretaría de Seguridad, y Clara Torres abandonó la Dirección de Estancias Infantiles de la Secretaría del Bienestar, luego de que el presidente anunciara la cancelación de dicho programa, so pretexto de la corrupción que en él imperaba, corrupción, hay que decirlo, que jamás se probó. El comentario en twitter de Torres fue demoledor: “este gobierno no reconoce la recomendación de violación de derechos de los niños, desacata órdenes judiciales que le ordenan reponer estancias infantiles por violar derechos adquiridos de los niños; voté por 4T, pido perdón”.
En medio quedó la renuncia también de Tonatiuh Guillén López al frente del muy acreditado Colegio de la Frontera Norte, inconforme por el sometimiento del gobierno de López Obrador a los dictados del presidente Donald Trump en materia migratoria.
Cierto, la renuncia este martes de Urzúa es la más relevante de todas, por la trascendencia de la función que realiza Hacienda, nada más y nada menos que la conducción de la política económica del país, pero no es la única, ni siquiera la más tronante, como ya se vio.
En todos los casos hay un común denominador: la concentración del poder por parte de López Obrador, y la aplicación de medidas contrarias al sentido común del manual del buen gobierno, están desbarrancando su administración; los que más dignidad tienen dan un paso de costado y parece estarse quedando sólo los sumisos, los que doblan la cerviz sin chistar con tal de mantener el cargo, aún a costa de principios y capacidades. Se están quedando, pues, los que aceptan ser meros floreros, como dijo Martínez Cázares. Y pronto la señora Olga Sánchez Cordero será noticia. Si no, al tiempo.
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