La política necesita a gente que no necesite a la política
Paul Carvel (1964-?) Escritor belga
Tan descompuesto está el renglón educativo en Michoacán desde hace unas tres décadas, que “hasta La Tuta traficaba con plazas de maestros”, según advirtió este martes el gobernador Silvano Aureoles.
Desde luego es creíble el comentario del mandatario, si se toma en cuenta que, en efecto, si hay un renglón institucional podrido a más no poder en la entidad, es el educativo.
Se infiere que el silvanismo en algo contuvo la caída libre en que metieron a la educación los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel, Leonel Godoy y Fausto Vallejo, amañados con la mafia centista.
Hoy, que está a la puerta la devolución de la educación estatal a la Federación –si es que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se echa para atrás de último minuto-, conviene no olvidar el nivel de corrupción y perversidad en que se manejó el sector durante esas infames administraciones.
Tanto que, como dijo Aureoles este miércoles ante maestros congregados en Casa de Gobierno, “hasta La Tuta traficaba con plazas”. El hecho es solo un botón de muestra de que la Secretaría de Educación en el Estado se convirtió por años en un centro de operaciones del concepto más acabado del crimen organizado. La venta de plazas y de ascensos tutelados por la autoridad y la mafia disfrazada de sindicato, como es la Cnte, fueron la constante por mucho tiempo.
Por eso, el hecho de que estemos a un paso de la federalización educativa, no significa que se privilegie el borrón y cuenta nueva. Si La Tuta traficaba con plazas, fue porque uno o varios funcionarios de la SEE estaban coludidos, lo mismo que dirigente sindicales de todas las expresiones, y hoy tendrían que ser objeto de cárcel.
Es de esperarse que la auditoría que lleva a cabo la Contraloría estatal a la SEE y, sobre todo, la que se ejecutará en el proceso de entrega-recepción a la Federación, saquen a la luz cómo es que La Tuta y cientos de personajes más, traficaban con plazas en la dependencia y, por supuesto, que haya el castigo pertinente.
La federalización no debe ser motivo para mantener la impunidad en ese sentido. Por el contrario, ojalá lo sea para desnudar el lodazal en el sector y que los responsables terminen en la cárcel. Veremos.
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