La alternativa fecunda el suelo de la democracia
Winston Churchill (1874-1965) Político británico
Es evidente que el gobierno de Silvano Aureoles tiene que echar a andar su plan B, que supongo debe ser uno de abierto choque, porque la esperada federalización educativa no se materializará, no al menos en breve.
Aureoles echó su resto para enfrentar la crisis financiera que vive su gobierno, provocada básicamente por el peso de la nómina educativa, e inició los trámites para devolverla a la Federación en noviembre anterior, pocos días antes del inicio de la administración del presidente López Obrador, quien, luego de varios meses de titubeos, aceptó públicamente en marzo que su gobierno se haría cargo del sector educativo michoacano.
En lo abierto, el gobierno de Aureoles festinó, porque de llegar a hacerse realidad esa federalización sería una auténtica bocanada de oxígeno a las alicaídas finanzas estatales. Aureoles sabía en lo corto, empero, que López Obrador no es de fiar, que así se haya comprometido públicamente a llevarse la nómina educativa, con la mano en la cintura puede recular, como en los hechos así ha sucedido: el líder de la Cnte, Víctor Manuel Zavala, declaró hace un par de semanas, luego de reunirse con López Obrador, que éste ratificó que sí asumiría la federalización educativa, “pero que no sería pronto”.
Y eso significa, en buen cristiano, que puede ser el próximo año, en el 2021 o hasta el 2024.
Oficialmente, el gobierno silvanista hizo los arreglos administrativos para que en julio, o a más tardar en agosto, se cristalizara el cambio, advirtiendo que de no ser así, ya no contaría con recursos financieros para seguir haciendo frente a su gasto a partir de septiembre.
Es deseable que Aureoles, sabiendo que a la hora de la hora el presidente se echaría para atrás, haya definido un plan B, que podría ser, todo o en partes:
Uno, un ajuste al presupuesto 2019, reduciendo, si es que es posible aún más, partidas a casi todos los sectores en aras de garantizar el pago educativo,
Dos, solicitar un crédito bancario, recurso que se ve complicado porque uno de largo plazo requiere autorización legislativa y no puede emplearse en todo caso para gasto corriente, y el de corto plazo debe pagarse el mismo año; ¿con qué?,
Y tres, cerrar de plano la llave al sector educativo, ir a fondo en una depuración de los cientos y miles de aviadores y comisionados de la Secretaría de Educación, cancelar unilateralmente bonos y prestaciones, y sólo cubrir la nómina, no más, de los que sí están en aulas.
Y si Aureoles tiene una cuarta alternativa –que francamente no entiendo cuál podría ser-, pues es hora de sacarla de la chistera, porque seguro ya está convencido que AMLO no cumplió su palabra, y es momento de ir por un plan B. No hay de otra. Veremos. jaimelopezmartinez@hotmail.com twitter@jaimelopezmtz>
