Para crear enemigo, no es necesario declarar la guerra; basta decir lo que se piensa
Martin Luther King (1929-1968) Pastor bautista
Sin duda, es loable la decisión del Instituto Nacional Electoral de exigir a los partidos políticos que sólo nominen candidatos a cargos de elección popular, que no tengan antecedentes o denuncias por violencia de género. Es, insisto, loable, pero absolutamente insuficiente.
Desde luego nadie puede objetar que se garantice que quien aspire a ser alcalde, diputado o gobernador, no tenga antecedentes de violencia de género. El problema, empero, es justo que sólo se contemple ese tipo de violencia, es decir, la que va dirigida de un hombre hacia una mujer.
Cierto, es la más común en nuestra sociedad, pero no es la única. ¿Por qué no incluir como impedimento para registrar candidatos, a quien haya cometido violencia contra los niños, violencia hacia otro hombre, violencia hacia la sociedad en general –como atentados contra patrimonios públicos de una ciudad, o vandalizado en la vía pública, por ejemplo-, o incluso a mujeres que haya incurrido igualmente en hechos de violencia, de cualquier tipo?
Que se reduzca a cerrar el paso a un hombre por haber violentado a una mujer, es injusto. Entiendo que es lo políticamente correcto, que es en el marco de la coyuntura de protestas feministas, válidas sin duda. Empero, la decisión del INE es parcial y por tanto, injusta.
Hoy, México se carcome por la violencia. Luego entonces, lo que el INE debió hacer, fue influir para que los partidos vetaran a todo aspirante, hombre o mujer, que fomente o haya fomentado la violencia en cualquiera de sus múltiples manifestaciones, no sólo la de género.
Pero además, el INE debe contemplar la posibilidad de que haya denuncias dolosas por violencia, sólo para sacar de la jugada a un oponente político. La denuncia podrá acaso con el tiempo resultar infundada, pero el daño ya se habrá ocasionado a un aspirante a un cargo de elección popular, porque habrá surtido efectos mediáticos y políticos: a la luz de esa resolución del INE, ¿quién va a querer nominar a un candidato sobre el que pese una denuncia por supuesta violencia de género, aun y cuando ésta sea ficticia?
Y otro problema: no está claro que el INE tenga atribuciones legales para imponer ese requisito a los partidos, dado que la elegibilidad de un candidato está contemplada en la Constitución y una norma no puede ir más allá de lo que ésta establece en ese sentido. En estricto sentido, cualquier aspirante a un cargo de elección que sea vetado por ese requisito del INE, ganaría un amparo ante la Corte.
Como se ve, pues, la medida del INE es rescatable, yo diría que necesaria, pero a la vez es absolutamente parcializada, sesgada. Por tanto, injusta por lo ya explicado. ¿Por qué no se tomó el tiempo el organismo en diseñar una reforma de fondo, integral, que nadie objetara?
El INE trató de ser políticamente correcto. Ese es el punto.
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