Casa sociedad tiene el tipo de delincuentes que se merece:
Robert Kennedy (1925-1968) Fiscal de Estados Unidos
Lo ocurrido este lunes en el estado de Morelos es tan preocupante como inconcebible: la Fiscalía de Justicia de esa entidad realizó un operativo en el municipio de Totolapan, para aprehender al jefe del cártel Pueblos Unidos, José David N. Empero, horas después la población, en acatamiento a la instrucción del grupo criminal, secuestró a tres policías ministeriales. La Fiscalía tuvo que liberar al capo a cambio de que sus policías a su vez fueran dejados en libertad. Cambio de un narco por tres policías.
El hecho obliga al debate respecto de la legalidad de la decisión de la Fiscalía morelense. ¿Actuó correctamente, con base en algún argumento legal, o sólo fue una decisión personal del fiscal para preservar la vida de sus policías?
En realidad se entraría en un debate sin solución, porque en ninguna parte de los ordenamientos legales se permite, aunque tampoco prohíbe, un intercambio de detenidos de ese tipo. ¿Pesa más lo humanitario que lo legal? En estricto sentido, la Fiscalía violó la ley al permitir la libertad de un delincuente sobre el que pesaba una orden de aprehensión.
El debate, insisto, puede llevarnos a un callejón sin salida. Pero lo que es un hecho, es que el caso sienta un precedente nacional: a partir de ahora cualquier capo que sea detenido, invariablemente será liberado porque los grupos criminales ya saben el camino: secuestrar a su vez a policías y usarlos como moneda de cambio.
El hecho comprueba también el estado de esclavitud virtual en que viven buena parte de las poblaciones rurales del país, a manos de los cárteles locales. De la quema de automóviles y el bloqueo de carreteras cuando se detiene a un capo, ahora pasamos a la inauguración de un nuevo método criminal: el intercambio de detenidos.
Puede tener relativa justificación la medida de la Fiscalía morelense, sobre todo desde el punto de vista humanitario, porque de no ceder al chantaje de Pueblos Unidos, hoy esos tres policías estarían muertos, pero la mayor gravedad es el preocupante precedente que se ha sentado.
Son las consecuencias que hay que pagar por los demenciales abrazos y no balazos de López Obrador. Los platos rotos se seguirán pagando, nadie sabe por cuánto tiempo. El cáncer ya hizo metástasis. X@jaimelopezmtz
