Ser bueno es fácil, lo difícil es ser justo
Víctor Hugo (1802-1895) Novelista francés
Por allá en 1984, el añorado jefe Sandoval, el eterno subdirector y pilar de La Voz de Michoacán, reseñaba en su recodada columna Hechos y Palabras, el asesinato de un hombre a manos de su propio hermano, porque aquel había a su vez privado de la vida al hijo de éste. El hecho ocurrió en el exterior del Teatro Ocampo, en pleno corazón de Morelia. Pero lo relevante no era la reseña en sí del evento criminal, sino que Sandoval, entre velada y abiertamente, de hecho lo justificaba, porque a falta de justicia y seguridad para los ciudadanos, éstos no tenían otra opción que hacerse justicia por propia mano.
Treinta cinco años después, RESPUESTA reseña que este lunes, en Tacámbaro, un odontólogo privó de la vida a un sujeto por pretender extorsionarlo con el clásico cobro de piso, que muchos profesionistas tienen que pagar en la actualidad para poder trabajar “en paz”.
En el fondo, las cosas no han cambiado mucho, y en una de esas, están peor hoy en términos de inseguridad. Por supuesto, así, de entrada, y siendo políticamente correctos, debe cuestionarse que alguien se haga justicia por propia mano. En los hechos, en la realidad, es evidente que al odontólogo tacambarense no le quedó de otra.
Cualquier autoridad, la ley misma, los puristas de ella, dirán que el médico debió acudir a levantar una denuncia ante las autoridades que procuran justicia o a la Policía misma. Sí, eso dice la teoría. La realidad dice que si hace eso, es altamente probable que apenas terminaría de levantar su denuncia, cuando el extorsionador ya estaría en su consultorio esperándolo para asesinarlo.
El extorsionador llevaría todo a su favor: de acuerdo con estadísticas oficiales, tendría apenas un 2 por ciento de posibilidades de ir a la cárcel si consuma su extorsión o aún si asesina a su víctima. Y en el muy improbable caso de que fuese a prisión, el nuevo sistema de justicia penal es tan benévolo con los criminales, que pronto estaría en las calles de nuevo delinquiendo.
En cambio, el médico que tuvo los pantalones para encarar al criminal y, ni hablar, matarlo porque no había de otra, tendrá ahora que enfrentar un proceso y justificar que actuó en defensa propia; habrá un juez que pretenda arrinconarlo en el sentido de que el asesinato fue un recurso innecesario, porque bien pudo haberlo denunciado; pasará las de Caín para salir libre y cuando finalmente lo haga, deberá entonces enfrentar el peligro de una revancha por cómplices o familiares del extorsionador muerto.
Así, tomando en cuenta nuestra realidad, más que aspectos de orden legaloide, éticos, filosóficos o hasta de creencias religiosas, el médico de Tacámbaro, como aquel señor reseñado por el jefe Sandoval, hicieron lo que debían. El Estado, en este país, no garantiza nada a sus gobernados, parece tutelar incluso más los derechos de los criminales; luego entonces, no parece haber de otra a menos que se tenga vocación de mártir.
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