A fuerza de conceder derechos a todo el mundo, la democracia es el régimen que mata con mayor seguridad la bondad
Albert Guinon (1863-1923) Dramaturgo francés
Sí o sí, con o sin reducción de recursos federales, la Universidad Michoacana está obligada a materializar una serie de profundos cambios que le permitan al menos mantenerse con vida en 2019.
Este lunes, se conoció el proyecto de presupuesto de egresos para 2019 que elaboró el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero que en los hechos, ya se sabe, fue a contentillo de Andrés Manuel López Obrador, y de acuerdo con la iniciativa, se contempla una reducción de 32 por ciento en los subsidios federales para las universidades públicas.
Si el ajuste es proporcional para todas ellas, la Michoacana vería reducir en 607 millones de pesos ese subsidio en 2019, si se consideran que recibió este año 1,897, y para el próximo sólo serían 1,290. El problema se acrecienta si se toma en cuenta que la Federación aporta al 70 por ciento de los ingresos totales de la Universidad, contra el 30 del gobierno estatal.
De aprobarse ese dictamen en San Lázaro –y no se ve cómo no se apruebe, si los diputados son vergonzosos lacayos de López Obrador, mañanitas incluidas-, la Universidad Michoacana contaría con apenas dos mil millones en total en 2019, cuando su requerimiento es de 3,800, a valores actuales.
Gerardo Esquivel, que fungirá como subsecretario de Hacienda del gobierno lopezobradorista, salió al paso de los informes periodísticos que anuncian el recorte a las universidades públicas: es falsa, dijo, esa reducción, “el proyecto de presupuesto que propondrá la nueva administración será dado a conocer en tiempo y forma”, aseguró en su cuenta de Twitter.
Pero como al equipo de López Obrador ya casi nadie le cree, y eso que aún no comienza su administración, es altamente probable que la información originalmente manejada por el periódico Reforma, sea verídica, porque además sería congruente con la política de concentración del recurso financiero que claramente ha diseñado el tabasqueño.
Es evidente que las universidades autónomas no están en la prioridad de López Obrador, dado que él impulsará su propio proyecto de universidades públicas, como la que se sacó de la manga en la Ciudad de México cuando fue jefe de Gobierno. El que haya sido un absoluto fracaso, no le impedirá repetir el modelo ahora en todo el país, incluido Michoacán, con cinco planteles de ese tipo.
Así, la Michoacana deberá instrumentar, ya, su plan de emergencia, haya o no ese recorte. Plan que pasa necesariamente por la reducción de salarios de su alta burocracia; la creación de un fondo de jubilaciones y pensiones con aportaciones de maestros y empleados en activo; la eliminación de las casas de estudiantes; el cobro de servicios como renta de inmuebles y uso de estacionamientos en CU; la contención de gastos superfluos y una drástica disminución de las prestaciones hacia sus sindicalizados, sobre todo empleados. Por separado, el Congreso del Estado debiera cancelar la absurda ley godoyista que impide que la Universidad, como cualquier otra institución de educación superior del estado, cobre por algún servicio educativo.
Son ajustes de fondo, sí, porque la crisis ya tocó fondo en la Casa de Hidalgo, y el panorama es profundamente negro, desolador.
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