La ley solo existe para los pobres; los ricos y poderosos la desobedecen sin recibir castigo porque no hay juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero
Marqués de Sade (1740-1814) Escritor y filósofo francés
El gobernador Ramírez Bedolla amaga con ampliar las licitaciones de obra pública que en adelante se ejecuten en Michoacán, al ámbito nacional, a fin de evitar problemas como los que se han presentado en la construcción de los dos distribuidores viales y del puente vehicular de Siervo de la Nación.
Tiene razón Bedolla: si bien es entendible que en primera instancia se dé prioridad a empresas locales cuando se va a ejecutar obra pública, a fin de ayudarles en la reactivación de su muy deteriorada economía, tampoco es justo que su ineficacia o incapacidad económica generen problemas tan graves como los que se han presentado en las referidas obras, que luego de tres años no se ve para cuándo puedan concluirse, con la consabida afectación a la vialidad de los morelianos, y por el cierre de negocios de las tres zonas de referencia, ante la paralización de actividades que provocan tales trabajos.
Está claro que las empresas locales no están en condiciones de afrontar con éxito obras de gran envergadura. Luego entonces, es una obligación gubernamental obrar en consecuencia: las grandes obras deben ser ejecutadas por empresas sólidas a nivel nacional, y a las locales se les puede seguir empleando para trabajos acorde a su capacidad. Mantener a éstas haciéndose cargo de obras de mayor dimensión, es una irresponsabilidad.
Y ese mismo criterio seguramente deberá seguir el alcalde Alfonso Martínez, que enfrenta un problema similar con la construcción del puente de Siervo de la Nación: una obra de medianas dimensiones que fue entregada por el ayuntamiento de Raúl Morón a empresas sin solvencia económica y ahí están también las consecuencias.
Las pesadillas que han significado los distribuidores y el puente deben al menos obligar a que se corrijan los yerros cometidos por los anteriores gobiernos, que quizá actuaron de buena fe queriendo ayudar a empresas locales, ciertamente al borde del colapso. Empero, ha salido contraproducente y la lección la deben entender tanto el gobernador como el alcalde.
Mantener la postura de arriesgar futuras obras con empresas locales, ya con estos antecedentes, sería irresponsable. Las licitaciones deben hacerse con carácter nacional, y que las ganen las que sí tengan con qué hacer frente a los compromisos. Lo demás se acerca más a la vil demagogia. Y a la pesadilla ya sólo le quedan 630 días.
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