Ante las atrocidades tenemos que tomar partido; el silencio estimula al verdugo:
Elie Wielsen (1928-2016) Escritor estadounidense, Premio Nobel de La Paz
Algo no está funcionando bien en nuestra sociedad, cuando un asesino de dos mujeres recibirá como pena máxima cinco años de prisión. Aún si ese alguien es un adolescente de quince años y, por ende, no pueda ser tratado penalmente como adulto, de cualquier forma una penalidad tan risible es altamente peligrosa. Es punto menos que la impunidad.
La historia le dio la vuelta al país y fuera de él: Osmar, un joven de quince años, estudiante de una Preparatoria del puerto de Lázaro Cárdenas, asesinó a mansalva a dos de sus maestras. Afortunadamente se le vació el cargador y pudo ser detenido por sus compañeros, porque llevaba otros cuarenta cartuchos útiles y aquello pudo haber terminado en una masacre aún de peores resultados. Pero si hubiera asesinado a tres, a diez o a treinta de sus compañeros o maestros, la pena no variaría: máximo cinco años detenido, tres en un centro juvenil y dos más, una vez que cumpla los dieciocho, en una prisión convencional para adultos. Así lo contempla la ley, por tratarse de un menor de edad.
La polémica se ha desatado y con justificada razón: ¿es justo que solo sean cinco años por asesinar a dos mujeres con todas las agravantes?, ¿es ética y moralmente correcto darle tamaño beneficio solo por no ser mayor de edad?, ¿debe modificarse la edad para que alguien sea sujeto de imputabilidad?, ¿un menor de edad que comete un crimen “de adultos” debe ser tratado como menor o como adulto?, ¿ a esa edad se tiene plena conciencia de lo “bueno” y lo “malo”?
Todas las interrogantes y planteamientos de análisis y de polémica son válidos y hasta necesarios, en tratándose de un tema de tal relevancia. Ciertamente, las sociedad han caminado en el sentido de ampliar casi sin límite los derechos de los niños y adolescentes. Es lo políticamente correcto, aunque no sé si sea lo necesario, lo justo y lo correcto a la luz de nuestra realidad. A contrapelo de esa dinámica social, el gobernador Ramírez Bedolla ha anunciado que prepara una iniciativa para que los menores que cometan delitos “de adultos”, sean tratados por la ley como eso, como adultos. Si así estuviera vigente hoy la ley, Osmar podría pasar de entre treinta y cuarenta años de prisión.
¿Es justo? Nadie tiene la respuesta. Lo justo es lo más subjetivo que hay. Es menos complicado responder a la interrogante de si es necesario o no realizar tal reforma. A mi juicio, sí. Creo que a Bedolla le asiste la razón en su planteamiento. Eso no obsta para evaluar si la familia, la escuela, la sociedad o el poder público mismo, han fallado en la atención a nuestras infancias y adolescencias. Por supuesto que han fallado, que hemos fallado. Pero ambas vertientes no se contraponen.
Me parece que para justificar su iniciativa que, insisto, yo respaldo, Bedolla debiera soportarla con foros serios y de nivel en los que participen y aporten especialistas multidisciplinarios.
Pero de que es menester valorar el tema de la edad penal, no hay duda. Espero que nadie convenza al gobernador de recular para no ser políticamente incorrecto. La mayor presión podría venir, paradójicamente, de Morena, la miseria de partido que hoy “gobierna” México. Veremos si Bedolla resiste. X@jaimelopezmtz
