En política, la sensatez consiste en no responder a las preguntas; la habilidad, en no dejar que las hagan.
André Soarez. Poeta y crítico francés
Cientos de miles de mexicanos salimos a las calles el domingo anterior, con un fin medular: exigir a la Corte que eche abajo la reforma electoral lopez obradorista, que cercena al INE sus facultades de árbitro de los comicios, para volver al esquema donde el gobierno y su partido –antes el PRI, ahora Morena- organizaban las elecciones y luego las calificaban. Obvio, siempre ganaba el PRI. Obvio, ahora siempre ganará Morena.
Hay confianza ciudadana en la Corte, pero resulta que ésta no es un grupo homogéneo. Todo lo contrario, porque está conformado por gente con visiones e intereses distintos, a veces opuestos. Se supone que sus once integrantes tienen algo en común, además de ser expertos en el terreno de la abogacía constitucional: su independencia y solidez moral. Eso se supone, porque cuando recordamos que entre ellos se encuentra Yazmín Esquivel, ya vemos que no necesariamente es así.
Por eso, no es descabellado que la Corte nos dé un portazo en la nariz a los mexicanos y, por increíble que parezca, avale la dictatorial reforma electoral de López Obrador, pese a que contiene múltiples violaciones constitucionales. Veamos: para echar abajo una ley o una reforma aprobada por el Poder Legislativo, se requiere que ocho ministros, por lo menos, así lo decidan. Si son siete, aun siendo mayoría, se mantiene vigente lo aprobado por los legisladores.
Vayamos entonces a las matemáticas y a la realidad política: el presidente López Obrador ha logrado colocar a cuatro de los once ministros. El resto ya se encontraban antes de 2018. Esos cuatro ministros que le deben la posición a López Obrador, son la tristemente célebre Yazmín Esquivel, Loreta Ortiz, Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara. Ya el presidente los ha regañado públicamente porque algunos de ellos han votado en contra de disposiciones que convenían a la 4T, como si fueran sus subalternos. Y si a ellos cuatro, se añade al anterior presidente de la Corte, Arturo Saldívar, que siempre se ha mostrado obsequioso, para decirlo elegantemente, con el Ejecutivo, tenemos entonces que es altamente probable que de los once integrantes del máximo órgano impartidor de justicia, cinco respalden la criminal reforma de López Obrador, solo por sumisión a éste.
Hay quien supone que Ríos Farjat y González Alcántara, que han llegado a votar contra los intereses cuatroteístas, se mantendrán en esa posición de dignidad y aun debiéndole la chamba al presidente, votarán con independencia. Es deseable que así suceda, lo que reduciría a tres los votos seguros para López Obrador. Le faltaría uno, uno solo. Él trae la calculadora en la mano día y noche. Entiende que cuenta con Esquivel, Ortíz y Saldívar, tiene la duda de Farjat y Alcántara, y la certeza de que los otros seis, empezando por la presidenta, Norma Piña, son autónomos y dignos, por tanto, fuera de su depredador alcance.
Ahí, en medio de las matemáticas y el ábaco, está la clave, ahí radica la decisión más importante que ha tomado la Corte mexicana en su historia: avalar la instauración de la dictadura o la permanencia de la democracia. Nada más, y nada menos. Matemática pura.
Y a la pesadilla ya solo le quedan 580 días.
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