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José Luis López Salgado advierte que sigue siendo constante la práctica de “la licuadora” en los gobiernos municipales de Michoacán. ¿Y?
Pues nada, que si bien es una medida por supuesto ilegal, no hay, que se sepa, nadie en la cárcel por ejercerla. Luego entonces, ¿cuál es el sentido de lanzar el obús, al reconocer dicha práctica como común hoy día en los ayuntamientos de la entidad, si la misma se comete en la más completa impunidad.
El auditor Superior de Michoacán habla, desde luego, con total conocimiento del caso, porque parte primordial de sus funciones es justo evaluar el manejo financiero de los ayuntamientos. Hasta ahí, todo bien, si partimos de que ha cumplido con esa tarea, dado que tiene el diagnóstico. Pero la otra gran responsabilidad, luego de indagar, es aplicar o tramitar sanciones de diferente tipo a los servidores públicos que violen las disposiciones presupuestarias. Y al no haber ninguno de ellos en la cárcel, pero sí muchas infracciones de ese tipo, significa que la segunda mitad de la obligación de la Auditoría Superior de Michoacán, no se cumple.
La “licuadora” fue producto del “genio” financiero de los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel –hoy ambos en los cuernos de la luna con su inminente ingreso al primero nivel de funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Consistía, hay que recordar, en mezclar en una misma cuenta bancaria todos los recursos federales que llegaban a la entidad, sin importar si venían etiquetados, y luego darles el destino que quisieran el gobernador o el tesorero, eso sí, con total discrecionalidad.
Todo ello, bajo el pretexto de que la tardanza en la llegada de los recursos federales al estado, ponía en riesgo la gobernabilidad del mismo, es decir, el fin justificaba los medios. Cientos, miles de millones se perdieron en el camino de esas triangulaciones, sin que el ilícito hubiera generado que alguien pisara la cárcel. Fausto Vallejo mantuvo esa práctica, también bajo el mismo pretexto. Él incluso fue más allá: autorizó, vía oficio, a su secretaria de Finanzas, a que desviara a su entera discreción las partidas presupuestarias federales. Claro, para “dar gobernabilidad al estado”.
Por eso, si el estado lo hacía, no es raro que los municipios le emularan, y por lo que dice López Salgado, así ha sucedido de manera cotidiana. E igual que con el desvío de dinero en esos tres gobiernos, con los alcaldes tampoco ha pasado nada…ni pasará.
Y por eso también, si bien habría que festinar que el auditor lance la acusación tajante de que la mayor parte de los ayuntamientos siguen cayendo en la tentación de “la licuadora”, en realidad la declaración a reporteros termina siendo demagógica, porque el fenómeno se da en la más completa impunidad, en la más absoluta corrupción.
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