La democracia da a cada uno el derecho de ser su propio opresor
James R. Lowell (1819-1891) Poeta norteamericano
Silvano Aureoles tiene razón: los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación, en el sentido de que durante 2021 detectó posibles irregularidades por más de 13 mil millones de pesos en el ejercicio presupuestal del poder público michoacano, deben verse con una serie de elementos que no pueden soslayarse.
Primero, durante 2021 el gobierno del estado estuvo encabezado nueve meses por Aureoles. Los últimos tres ya entró al relevo Alfredo Ramírez Bedolla; luego entonces, a las dos administraciones, en su proporción, les tocaría clarificar lo que demande la ASF.
Luego, en efecto se trata de «posibles» irregularidades, sujetas a aclaraciones por parte de los servidores públicos que estuviesen involucrados. Hasta que esas aclaraciones sean desechadas del todo por la Auditoría, y por instancias de apelación audicionales, puede hablarse de algún delito.
En ese sentido, el concepto de «posibles irregularidades» incluyen desde la falta de la copia color rosa, hasta el desvío de dinero. Abarca todo aquello que no se ciña por entero a las disposiciones reglamentarias, desde lo nimio hasta lo verdaderamente delictivo.
Además, los 13 mil millones corresponden no solo al gobierno del estado, sino también a los poderes Judicial y Legislativo, a varios ayuntamientos y a organismos autónomos, amén de subsistemas educativos.
Desde luego, lo deseable es que la ASF vaya al fondo y hasta las últimas consecuencias, evitando el manejo político y aún electoral del caso. Si el gobierno de Aureoles o cualquier otra entidad pública del estado, incurrió en delitos en el manejo del dinero presupuestal, deberán pagar con todo rigor. Basta de impunidad, lo mismo que de politizar y sesgar indagatorias de la ASF.
Y a la pesadilla ya solo le faltan 581 días.
Twitter@jaimelopezmtz
