El precio de desentenderse de la política es el ser gobernados por los peores hombres
Platón (387 a. C. – 347 a. C.) Filosófico griego
Es altamente probable que la mayor parte del cúmulo de presuntas irregularidades que, dice la Contraloría estatal, se han detectado en varias dependencias del gobierno de Silvano Aureoles, y que ascenderían a casi trece mil millones de pesos, sean subsanables con relativa facilidad, dado que se refieren a deudas con proveedores y prestadores de servicios de diversa índole, atribuibles casi todas a la falta de recursos económicos que caracterizó el cierre de dicho gobierno.
Pero el señalamiento más severo que recibió este lunes el ex gobernador, no provino de su sucesor, sino del columnista de El Universal, Salvador García Soto, quien acusó que el gobierno de Aureoles contrató a una empresa cuyo propietario es hoy prófugo de la justicia por evasión fiscal, para que instalara y operara un sistema de espionaje en aparatos celulares, computadoras o tabletas, y por el cual habría pagado más de dos mil setecientos millones de pesos durante los cuatro años que tuvo vigencia el contrato.
El gobernador Ramírez Bedolla reconoció que no ha detectado en las sedes del gobierno equipos de espionaje, pero sí la existencia de un contrato como el que refiere García Soto, aunque lo ubica en alrededor de cuatrocientos millones de pesos.
Claramente, no fue un buen día este lunes para Aureoles. Entre la aparición de la columna de El Universal y la denuncia de Ramírez Bedolla y su contralora, en torno a las posibles irregularidades, no pasaron ni cuatro horas.
Reitero: me parece que las supuestas irregularidades no pasarán de las usuales que cada gobierno le endilga a su antecesor, más como estrategia mediática y política, y que terminarán siendo subsanadas porque son cuestiones burocráticas y administrativas.
Empero, la otra acusación, la de García Soto, reviste un mayor grado de complejidad, porque estaría involucrando aspectos no tanto financieros, dado que el contrato se habría formulado con apego a la normatividad (escandaloso, sí, pero legal), sino eminentemente legales, en virtud de que se refiere a actos de supuesto espionaje al margen de la ley.
Como sea, es claro que ambos señalamientos deben ser abordados por el propio Aureoles, no dejarlos pasar para que no abonen en sospechas que, si no son ciertas, pueden fortalecerse innecesariamente. Veremos si reaparece Aureoles, si argumenta en su favor o deja pasar ambas denuncias, lo que sería, creo, su peor decisión. Al tiempo.
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