Cuatro características corresponden al juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente
Sócrates (470 AC-399 AC) Filósofo griego
Un preso político, según la versión del diccionario, es cualquier persona física a la que se mantenga en la cárcel o detenida de otro modo, por ejemplo bajo arresto, porque sus ideas supongan un desafío o una amenaza para el sistema político establecido, sea éste de la naturaleza que sea. Se distingue de un preso de conciencia, en que éste no emplea ni propugna la violencia.
Sin duda, José Manuel Mireles Valverde encaja a la perfección en la definición de lo que es un preso político. Y no es un preso de conciencia, porque sí empleó la violencia.
La negativa, que alcanza niveles de obstinación y muy posiblemente de desacato a la ley, del juez Quinto de lo Penal, Rubén Olvera Arreola, para acceder a autorizarle a Mireles los beneficios que la misma ley contempla para procesados, sólo corrobora lo que desde la detención del ex líder de las autodefensas de tierra caliente, ha quedado claro: el Estado Mexicano está decidido a mantenerlo en prisión, contra viento y marea, sin mayores argumentos jurídicos, sólo como escarmiento de que la osadía de retarle a él, al Estado Mexicano, se paga con cárcel…en el mejor de los casos.
Este martes, dirigentes del partido Movimiento Ciudadano, con el diputado Daniel Moncada a la cabeza, y el abogado de Mireles, Ignacio Mendoza Jiménez, presentaron ante la PGR una denuncia en contra del referido juez, el que lleva la causa de Mireles, “por obstrucción y omisión de la justicia”.
A decir de Mendoza, el juez violó el artículo 225 del Código Penal Federal, al tardar más de dos meses y medio en resolver la solicitud de la defensa de Mireles, para que le fijara a éste una fianza y pudiera seguir su proceso en libertad, tal y como otro juez sí autorizó para más de cien ex autodefensas acusados del mismo delito que Mireles: portación de armas de uso exclusivo del ejército.
Y, en efecto, el juez ha retrasado sin justificación alguna esa decisión, pero a nadie debe sorprender, dado que él actúa en función del interés del Estado Mexicano, y el Estado Mexicano está decidido a mantener en prisión a Mireles, y el Estado Mexicano lo forman el gobierno, el poder judicial y el poder legislativo. Todos actúan en concordancia, la división de poderes y su autonomía, es discurso trillado e irreal. En esa lógica, el juez sólo cumple su rol y, hay que reconocerlo, lo hace bien.
Por eso, la demanda seguirá su curso, pero a final de cuentas no pasará nada. Si acaso, por conveniencia mediática, el Consejo de la Judicatura decidiera “sancionar” al juez, pondrá el caso en otro de sus colegas y a empezar de nuevo la tramitología. El caso es mantener a Mireles en prisión, y argucias legaloides hay, y de sobra.
La defensa hace, pues, lo que debe, pero doble contra sencillo a que con el pretexto que sea, el trámite no prosperará y Mireles seguirá privado de su libertad, porque es un preso político, punto. Si no, al tiempo.
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