La naturaleza de los pueblos es muy poco constante: resulta fácil convencerlos de una cosa, pero difícil mantenerlos convencidos
Nicolás Maquiavelo (1469-1527) Político italiano
El grupo de diez gobernadores opositores a la política concentradora del poder del presidente López Obrador, ha decidido librar la batalla legal para tratar de revertir lo que parece inminente: la desaparición de más de cien fideicomisos –eso sí, muy cuidadosamente seleccionados en Palacio Nacional.
Resta la aprobación del Senado para que tenga efectos legales, pero la subordinación de éste a las decisiones presidenciales, anula cualquier posibilidad de que en ese escenario pudiera aún contenerse el absurdo capricho de López Obrador.
Ante ello, el bloque de diez gobernadores prepara ya la defensa legal de la vigencia de los fideicomisos. Hacen bien, aunque también tienen claro que lo más probable es que se topen con pared en la Corte: ésta está hoy comiendo de la mano del fantasmagórico habitante de Palacio Nacional.
La Corte, ya se sabe, es un remedo ya de poder autónomo e independiente. Esos calificativos sólo le acomodan en el papel; en la práctica es un Poder Judicial propio de las dictaduras: amarrado a las decisiones presidenciales, flexible sólo en casos donde no afecte mayormente los intereses cupulares, pero sumiso en los que sean prioritarios para la dictadura. Es el caso: los fideicomisos le darán setenta mil millones de pesos a López Obrador para asegurar sus programas clientelares, de cara a su gran preocupación, las elecciones del 21.
Por tanto, es fácil anticipar que la Corte no respaldará a los gobernadores en su recurso jurídico contra la desaparición de los fideicomisos. Y ni siquiera tienen que darle palo los ministros a los mandatarios quejosos, basta con recibir su recurso, sí, pero dejarlo ahí durmiendo el sueño de los justos, sin resolverlo indefinidamente. Sólo recordar que hace dos años, el michoacano Silvano Aureoles presentó ante la Corte una controversia para devolverle a la Federación el manejo de la educación estatal, básicamente la nómina magisterial, y es hora que los ministros ni siquiera se dignan considerar el trámite para su análisis.
Como sea, es evidente que hacen bien los gobernadores en ir a la Corte, a fin de cuentas no hay otro camino, por más cuesta arriba que se vea y por más predecible que sea el desenlace. Finalmente, es su obligación transitar y agotar las vías legales. Que al menos por lucha, no quede. Veremos.
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