La política es muy a menudo el arte de traicionar los intereses reales y legítimos, y de crear otros imaginarios e injustos
Arturo Graf (1848-1913) Poeta italiano
Es penoso, le dijo el agente de la Fiscalía General de la República a Jesús Murillo Karam, al momento de notificarle que estaba detenido. No es penoso, es político, respondió sereno el ex procurador, al que la 4T le imputa vinculación penal en el caso Ayotzinapa.
Por donde se le vea, todo apunta a que es, en efecto, un asunto fundamentalmente político: los tres cargos que le imputa la FGR son desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia.
Como la tortura no tendría que ver con los estudiantes de Ayotzinapa, se infiere que la FGR le acusa de practicarla contra algún miembro del crimen organizado detenido. Un testimonio no alcanza en este caso como prueba, a menos que haya un video. ¿Lo existe? Por lo que se sabe, no, y parece estúpido que un procurador se arriesgue a torturar a un detenido. No significa que esa práctica no se dé, es común, ya sabemos, pero que el propio procurador, o ahora fiscal, la practique, sería absurdo.
Sobre la acusación de desaparición forzada, no parece fácil sostenerla, porque no están registrados casos de personas involucradas en la investigación que hayan desaparecido. Sí, muchos han muerto y algunos en condiciones por demás sospechosas, pero el cargo es desaparición forzada. ¿De quiénes?
Y obstrucción de la justicia pudiera ser el cargo más al alcance de la FGR si no para probar, sí al menos para incorporar al expediente, por la ambigüedad del término y lo fácil que es atribuirlo a cualquiera que, a juicio del Ministerio Público, haya obstaculizado una investigación. La falta de la copia color rosa en un expediente, sería suficiente.
No quiero decir que Murillo no pueda ser responsable de algunos de los cargos imputados. El problema es que estamos en tiempos 4T, y 4T es sinónimo de venganza, de ineficacia y de corrupción. Con un fiscal de la nula solvencia moral como Alejandro Gertz Manero, es imposible suponer que un caso pueda ser llevado a cabo con apego a la ley. Y con un presidente como Andrés Manuel López Obrador, imposible suponer que no pretenda aprovechar un caso emblemático como el de Ayotzinapa para sacar raja político-electoral, así tenga que hacer cera y pabilo de la ley. No sería la primera ni la última vez. Y ni hablar de un poder judicial que hoy come de la mano del inquilino de Palacio.
La suerte, pues, parece echada para Murillo Karam. Y a la pesadilla le quedan todavía 771 días.
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