La corrupción es causa directa de la pobreza de los pueblos, y la razón principal de sus desgracias sociales
Jorge González Moore (1974-?) Escritor colombiano
Y sí, no me ayudes compadre, podría decir el gobernador Ramírez Bedolla ante la «sugerencia» que le planteó el presidente López Obrador, en el sentido de que revise la situación jurídica de los tres normalistas detenidos por destruir vehículos. La idea, obvio, es que sean liberados.
Habrá que reconocer que Ramírez Bedolla ha venido haciendo un esfuerzo mayúsculo, incluso a contra corriente de la filosofía lopez obradorista, para reducir la impunidad en que históricamente se han conducido tanto la CNTE como sus fuerzas básicas, los normalistas. Para ello, al gobernador no le ha temblado la mano y ha ordenado operativos policiacos para desalojar las vías del tren cuando son bloqueadas por aquellos. Tanto así, que presume en espectaculares y en spot de radio y televisión que se ha cumplido un año sin que se haya presentado ese ilícito. Y tiene razón. Tampoco se opuso a la consignación de los tres normalistas detenidos en la meseta purépecha en flagrancia cuando incendiaban vehículos. Con justificada razón, la actitud le ha valido el reconocimiento generalizado.
Pero el que vino a trastocar esos esfuerzos por hacer prevalecer en Michoacán el estado de derecho, fue López Obrador. Su visita del pasado fin de semana fue tan improductiva como contraproducente.
En Áporo, apenas escuchó reclamos por la detención de los tres normalistas, abiertamente le pidió a Bedolla que se revise el caso para que sean liberados los tres delincuentes. Ya se sabe que López Obrador no pide ni sugiere. Ordena. Así que en menudo lío metió al gobernador, que si atiende la «petición» de su jefe político, tendrá que dar marcha atrás a su propia convicción de que debe imperar la ley.
En estricto sentido, el gobernador no tendría injerencia en el caso: los normalistas fueron detenidos por la guardia comunitaria de Cheranástico; luego sujetos a una carpeta de investigación por la Fiscalía y ahora procesados por un juez. Y resulta que los tres entres de poder involucrados son autónomos. En realidad, en este caso en particular el gobierno no tiene ninguna injerencia.
Empero, es evidente que Bedolla tendrá que atender la «petición» de López Obrador. Dada la autonomía de la Fiscalía y del juez, solo habría una manera en que el gobierno podría intervenir: disponiendo de recursos públicos para que se repare el daño causado por los normalistas, dado que éstos obviamente no tienen el dinero para ello, y que de esa forma el juez autorice esa opción contemplada por la ley para liberarlos. Ya Bedolla aseguró este lunes que el gobierno no aportará ese dinero. Mal haría si lo hace.
El problema es que no se ve de qué otra forma pueda atenderse la «petición» presidencial. Vaya embrollo en el que vino a meter López Obrador a Bedolla, pero sobre todo al estado de derecho. Obviamente, el gobernador no lo va a reconocer nunca, pero en el fondo está consciente del desastre que significa ese tipo de pronunciamientos de López Obrador.
La gira de éste por Michoacán no se tradujo en ningún beneficio concreto, ¿pero qué tal el lío que armó? En el fondo, Bedolla deberá pensar que con esas amistades, para qué quiere enemigos. Veremos cómo sale del embrollo. Y a la pesadilla todavía le quedan 679 días.
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