Los políticos honrados se quitan de en medio cuando cae sobre ellos la sospecha
Antonio Gala (1930-?) Dramaturgo español
El gobierno del estado parece haber cumplido la primera de las dos premisas a las que se comprometió a manera de justificación del endeudamiento bancario que tramitó ante la Cámara de Diputados, y que, como se sabe, obtuvo por poco más de cuatro mil millones de pesos.
La premisa inicial era asegurarse de contratar la deuda con los bancos que mejores condiciones ofertaran y los números así lo corroboran: Banbajío propuso una TIIE (Tasa de Interés Interbancario de Equilibrio) de 0.42 por ciento, y Banorte de 0.44, ambas claramente las más bajas: Santander ofertó una de 0.68, Afirme de 0.83 y Bansi de 1.90.
No es cuestión de complicada ciencia entender que Gobierno tomó las mejores ofertas; lo importante es que haya hecho pública la relación completa de las propuestas de todos los bancos participantes en la licitación abierta lanzada ex profeso.
La medida de transparencia puede verse normal hoy, pero no puede olvidarse que la contratación de deuda bancaria en los tiempos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy, se hacía en la más completa opacidad, nadie sabía en absoluto las condiciones de contratación, tanto,
que hubo alguna de llegó a adquirirse a una tasa de 3 por ciento, sí, un brutal y leonino ¡3 por ciento!
Cubierto favorablemente ese aspecto de transparencia y, también, de justicia, aún le queda al gobierno de Silvano Aureoles cumplir el segundo: aplicar la misma transparencia ahora en informar cómo se invertirá el dinero, los 4 mil noventa millones de pesos que le prestarán Banorte y Banbajío.
Ese fue el otro gran problema del batelismo y del godoyismo: no solo la opacidad y las salvajes tasas a que contrataban deuda, sino la discrecional utilización de ésta, casi siempre ilegal porque iba a gasto corriente, específicamente al pago de la nómina magisterial.
Por eso, ahora el Gobierno de Aureoles está obligado, además de contratar la deuda en las mejores condiciones, cosa que ya cumplió, a transparentar su uso, a fin de desterrar la sospecha de que caiga en el mismo vicio e ilegalidad de sus antecesores en ese entonces perredistas.
La ley dice que sólo puede aplicarse a obra pública y a inversiones productivas, pero también lo decía en los tiempos de Cárdenas y de Godoy y éstos jamás la cumplieron; de ahí, insisto, la importancia de que Aureoles diseñe algún protocolo informativo que explique con detalle y oportunidad, cómo va aplicando cada uno de los más de cuatro mil millones de pesos que recibirá de ambos bancos a partir de los próximos días.
Solo así marcará una diferencia real con sus nefastos antecesores y justificará ante la opinión pública que no se trata de una carga sospechosa e injustificada más para los michoacanos, que con toda razón estamos recelosos ante cualquier nuevo endeudamiento bancario, sino de una medida necesaria y soportada en la capacidad económica gubernamental y, sobre todo, en un compromiso de éste con la transparencia y la legalidad. Veremos.
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