Pon a tus palabras el sello del silencio, y al silencio el de la oportunidad
Solón (640-558 AC) Estadista ateniense
Si bien era preferible que desde un principio se hubiera diseñado con toda la solidez que limitara su rechazo, el programa gubernamental de aplicar redadas en la vía pública para detener a gente “sospechosa” de ser delincuente y/o consumidor de drogas, y proceder a su rehabilitación, ha tenido un alto temporal para reajustarlo y generarle un protocolo para que las policías no violenten ni la ley ni los derechos humanos. Cierto, un tanto tarde, porque las críticas ya se vinieron encima, pero mejor que nunca.
Lo anticipó primero el viernes anterior el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Víctor Serrato, y luego este lunes el secretario de Gobierno, Adrián López Solís, lo confirmó en Respuesta: el operativo ha entrado en una fase de espera, en lo que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, definen protocolos para reanudarlo.
La idea, en el papel, no era mala: reducir la criminalidad en las calles morelianas, a través de operativos para detectar y detener a delincuentes o adictos al consumo de drogas. Luego, éstos serían llevados al inmueble donde por años operó el Cereso, para que recibieran tratamiento médico contra las adicciones. El método fue el que falló. Con el sello del procurador José Martín Godoy Castro, el proyecto, bueno en su concepción, fue desaseado y los resultados no se hicieron esperar. Muy al estilo de él: lo importante no son las formas, sino el fondo, el objetivo, y si en ello hay que violar “un poquito” la ley, ni hablar.
Sin protocolo alguno, los policías fueron lanzados a las calles a detener casi a diestra y siniestra, sin ton ni son, a cuanto “sospechoso” se les cruzaba enfrente, sobre todo en función de su vestimenta. Más de ciento veinte hombres fueron detenidos bajo ese formato en apenas unas cuantas jornadas. Seguro muchos de ellos eran delincuentes, pero también muchos cuyo único delito era la vestimenta. Pero no sólo eso, sino que los detenidos iban obligados al inmueble del ex Cereso a recibir pláticas contra las adicciones.
Las críticas no sólo de sus familiares, sino de los organismos de derechos humanos y asociaciones de abogados, no se hicieron esperar: la detención de alguien si no es en flagrancia de delito, sólo puede darse con una orden expedida por un juez. Las redadas, como tal, son anticonstitucionales.
Como sea, el gobernador Silvano Aureoles mostró sensibilidad y ordenó parar los operativos, simplemente porque éstos, siendo necesarios, no tenían ni pies ni cabeza en términos de apego a legalidad y de respeto a los derechos humanos.
Ahora viene lo difícil: reanudarlos, porque claramente se necesitan, pero sin violar la ley. Parece imposible, pero con profesionalismo, convicción y compromiso sí es viable. ¿Cómo? No lo sé, yo no soy procurador ni jefe de la policía. Godoy Castro y Juan Bernardo Corona sí lo son, para eso les pagamos, y bien, para que encuentren soluciones a problemas complejos. Y si no pueden, aplica la máxima de Martí: que renuncien.
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