Lo que consideramos justicia es, con frecuencia, una injusticia cometida en nuestro favor:
Antonio Reveillere. Científico francés
Tanto la nueva justicia michoacana como el nuevo fiscal estatal, tienen frente a sí oportunidad de demostrar en los hechos que sus respectivas designaciones tuvieron un sustento profesional a manera de justificación.
Este jueves, estudiantes de la Normal de Tiripetío, o moradores de ella, por mejor decir, bloquearon el Periferico Sur frente a la Fiscalía de Justicia, para exigir, entre otras cosas, la liberación de uno de sus compañeros, detenido por la propia fiscalía y vinculado a proceso por un juez, por su presunta participación en el asesinato de otro estudiante del plantel.
De acuerdo con las investigaciones de la fiscalía, el normalista de nombre Eder habría asesinado a su compañero Carlos Eduardo el pasado 13 de abril, luego de reñir al calor del alcohol. Otro estudiante de nombre Álvaro también habría participado en el asesinato. Este último se encuentra ya detenido igualmente.
La liberación de Eder en especial, es lo que reclaman los normalistas. Si la investigación ha sido profesional y escrupulosa por parte de la fiscalía, y no encuentro motivos para que no haya sido así, el nuevo jerarca de la dependencia, Carlos Torres Piña, debe respaldar a sus elementos investigadores y no ceder ante la tentación, siempre presente, de no aplicar la justicia cuando se trata de normalistas, por aquello de su belicosidad.
Y por su parte, el juez que lleve el caso, que seguramente será uno de los muy cuestionados “nuevos jueces”, deberá igualmente mostrar talante profesional e independiente para tampoco ceder ante la muy probable presión que comenzará a recibir desde el mismo gobierno, para ser “benévolo” con el normalista, encontrar alguna forma de desligarlo del proceso, para ayudar a que no haya movilizaciones de sus compañeros que generen ingobernabilidad.
Torres Piña tiene apenas tres meses al frente de la fiscalía, más o menos el mismo que los nuevos jueces. Para ambos, el fiscal y el juez, es inigualable la oportunidad para demostrar que sus nombramientos no sólo fueron producto de decisiones políticas, que sí lo fueron desde luego, sino que también hubo criterios profesionales que respaldaron sus respectivos arribos a sus nuevos cargos.
Suele en Michoacán no castigarse a normalistas infractores de la ley, para mantener a raya al gremio. Son “muchachitos inquietos”, decía Leonel Godoy cuando como gobernador ofrecía siempre impunidad a los normalistas, pese a ser detenidos en flagrancia de un delito. Solo que ahora hablamos de un asesinato. Bajo ninguna circunstancia puede haber debilidad ni de la fiscalía ni del Poder Judicial. Ambos están a prueba. Ambos generan muchas dudas respecto de su autonomía, pero ambos también tienen, con este caso judicial, la forma de comenzar a despejar recelos. Veremos de qué están hechos.
X@jaimelopezmtz
