Una nación sin elecciones libres, es una nación sin voz, sin ojos y sin brazos
Octavio Paz (1914-1998) Poeta mexicano
El asesinato, atentado, secuestro y amago contra candidatos a alcaldes en Michoacán, como de buena parte del país, no debe sorprender; indignar sí, y actuar en consecuencia también, pero no sorprender.
¿Por qué?, pues porque solo confirma, ya lo hemos dicho, que la figura gubernamental más en riesgo tanto en procesos de campañas proselitistas como en el ejercicio mismo del poder, es la de alcalde.
A los grupos criminales de cada municipio, de cada región o estado, poco les importa quién llegue a ser diputado, sea local o federal, menos senador y acaso algo en el caso de gobernador; claramente, les importa antes que nadie el presidente municipal.
El control del gobierno local sirve lo mismo para tenerlo de “halcón” que avise de operativos militares, que para blanquear dinero a través de la obra pública municipal, sin soslayar otra tarea prioritaria: levantar a cualquier sospechoso, del pueblo o foráneo, para entregarlo al jefe de plaza y que éste decida su suerte.
Y siendo el nivel gubernamental más importante, es, paradójicamente, el más fácil de tener bajo control, porque de apoyar con dinero al candidato de sus preferencias, los cárteles pasaron a algo más fácil y que ni siquiera cuesta: desabarrancar candidatos incómodos o apoyados por grupos delincuenciales rivales, a través de la amenaza, que casi siempre pasa a los hechos con ejecuciones, como las que en la recta final de las elecciones parecen arreciar en Michoacán.
En efecto, en menos de una semana se soltaron los demonios y ya son tres los candidatos a alcaldes ejecutados, primero el panista de Taretan, luego el independiente de Aguililla y este jueves el perredista de Ocampo; antes, la candidata del PT en Álvaro Obregón fue secuestrada y afortunadamente liberada por la Policía.
La ejecución de los candidatos a alcalde sólo obedecería a alguna de estas razones: o eran tan incorruptibles que se negaron a caer en las garras de los cárteles de sus municipios, o fueron abatidos por ajustes de cuentas entre grupos crimínales, lo que significaría que tuvieron que doblarse ante uno de ellos, pero el rival terminó por asesinarlo.
Quiero pensar, por supuesto, que en el caso de los candidatos asesinados en Taretan, Aguililla y Ocampo, su ejecución fue producto de no alinearse con el narco de sus municipios, pero ello lleva a pensar, obligadamente, si entonces todos los candidatos tienen que pasar por el tamiz o el “palomeo” de los cárteles.
Todo apunta a que así es, por lo menos en el caso de candidatos de municipios de inocultable altísimo riesgo, como la tierra caliente, la costa, el Bajío y el oriente, en el caso Michoacano.
En todo caso, empero, la Procuraduría de Justicia está más que obligada a dilucidar las causas reales y, sobre todo, a dar con los autores.
Las condiciones de Taretan, Aguililla y Ocampo son prácticamente las mismas de las regiones de “alto riesgo”, como las señaladas; luego entonces, ¿significa que si los candidatos siguen en la contienda es porque así lo ha “autorizado” el crimen organizado? Conste, es pregunta.
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