El mundo está harto de estadistas a quienes la democracia ha degradado convirtiéndolos en políticos
Benjamín Disraeli (1804-1881) Político británico
Por donde se le vea, no hay justificación, ni siquiera explicación que valga, ante el hecho de que, otra vez, el Congreso del Estado ha incumplido con la designación del titular de un organismo autónomo y por ende, habrá otra acéfalo.
Hace un año que no hay titular en la Auditoría Superior de Michoacán, debido a que al concluir la gestión de José Luis López Salgado, los diputados no tuvieron, y no han tenido desde entonces, la capacidad para definir un mecanismo que derive en la designación de su sustituto.
Y ahora, la imposibilidad de lograr consensos origina que también la Comisión Estatal de Derechos Humanos quede acéfala a partir de este domingo, día en el que, por ley, debiera haber tomado posesión el nuevo Ombudsman, en sustitución de Víctor Serrato Lozano, que el sábado entregó la oficina. Y si se suma que Antelmo Esparza, quien en su calidad de secretario técnico por ley debió haber asumido como encargado de despacho en tanto los diputados nombran al presidente, renunció también este domingo a dicho cargo, resulta que a partir del lunes en la CEDH no hay titular y ni siquiera un encargado de despacho.
Esparza renunció, según argumenta él mismo en su oficio, a petición de los propios legisladores, a fin de que no hubiera un conflicto de intereses, dado que está inscrito como aspirante a Ombudsman. En realidad no parece haber ninguna razón para que Esparza renunciara, y si efectivamente se trató de una presión del Congreso del Estado, doblemente cuestionable la intervención del éste.
No es un asunto menor: la Auditoría y la Comisión son organismos con un carácter autónomo –el primero con cierta relatividad, dado que depende del propio Congreso del Estado-, que cumplen un papel fundamental en los equilibrios del poder, y que si bien siguen funcionando aun sin titular, es un hecho que sí hay rezagos y alteraciones en la actividad cotidiana de ambas instancias.
En ambos casos hay un común denominador para entender el incumplimiento en que han incurrido los diputados: la repartición de cuotas en la designación de titulares de organismos autónomos es una práctica que está más vigente que nunca, y asimismo, que hay una absoluta falta de capacidad o, acaso, de voluntad, para que las bancadas lleguen a acuerdos mínimos para avanzar en ese, y otros temas pendientes.
No habla bien del Congreso del Estado, desde luego, que la Auditoría y ahora la Comisión de Derechos Humanos queden acéfalas por su incapacidad para cumplir sus responsabilidades y obligaciones legales. A nadie pueden culpar los diputados, salvo a ellos mismos. Es urgente que inicien el 2020 con aires renovados, porque se corre el riesgo de una parálisis más grave aún en la toma de decisiones del Legislativo, que a nadie conviene. Veremos.
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