En política la sensatez consiste en no responder a las preguntas; la habilidad, en no dejar que las hagan
André Suárez (1868-1948) Poeta francés
Al margen de que seguramente el juez de control se ciñó a lo que establece la ley al sentenciar a ocho años de prisión a los dieciséis integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación detenidos recientemente luego de un enfrentamiento armado con el Ejército y la Policía Estatal en Parácuaro, es evidente que ello refleja la laxitud del marco legal vigente para con los criminales en este país, y a su vez explica por qué éstos “trabajan” a sus anchas: la penalidad es ridícula.
Ochos años para quienes deben muertes, extorsionan, trafican con drogas, secuestran, generan la zozobra a donde llegan, es algo que casi raya en la impunidad.
Los dieciséis sujetos pertenecen al cártel más violento del país y fueron encontrados culpables por el juez, pero éste tuvo que limitarse a aplicarles una sentencia de apenas ¡ocho años de cárcel!
Y de ahí, la benévola legislación mexicana –hoy arropada por la política gubernamental de los abrazos y no balazos para los delincuentes- todavía contempla la posibilidad de reducir esa pena, si el interno muestra buena conducta y “disposición” a la demagógica “readaptación social”. Abogados consultados por este reportero, estimaron que si se dan estos requisitos, los sentenciados bien pueden salir en libertad a los cuatro o cinco años.
Es claro que penalidades tan laxas lo único que hacen es alentar a los criminales, que si ya saben que existe apenas un magro uno por ciento de posibilidades de que ir a la cárcel cuando cometen un delito, más atractivo para ellos es también que en el remotísimo caso de ser detenidos, su paso por la prisión será apenas anecdótico. ¡Por eso estamos como estamos!
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