Solo quienes sean capaces de encarnar la utopía, serán aptos para el combate decisivo: el de recuperar cuanto de humanidad hayamos perdido
Ernesto Sábato (1911-2011) Ensayista argentino
¿Es ilegal que el Ejecutivo estatal desincorpore bienes de propiedad gubernamental? No, si se cumple lo estipulado para esos casos por la Constitución michoacana.
Diputados electos de Morena, que entrarán en funciones el 15 de este mes, encabezados por Fidel Calderón Torreblanca, organizaron una “toma” del propio edificio legislativo, para evitar que los aún diputados puedan sesionar y, presumen los morenistas, voten a favor de la solicitud del Ejecutivo para enajenar una serie de bienes públicos, inmuebles sobre todo, procedimiento por el cual estima allegarse alrededor de 600 millones de pesos, que utilizaría, ha justificado, para cubrir diversos adeudos de nómina y con proveedores.
En estricto sentido legal, no hay argumentos para justificar el rechazo morenista al intento de venta de inmuebles por el gobierno de Silvano Aureoles. Cierto, no parece lo más sensato deshacerse de propiedades para pagar deudas, a menos que éstas vayan creciendo conforme avance el tiempo, de tal forma que después se vuelvan impagables y entonces no solo haya que vender bienes, sino incluso recurrir a créditos.
La ley contempla protocolos para que el Ejecutivo enajene bienes, como que no estén grabados, que no se vendan por debajo del precio comercial, que no estén siendo usados para tareas prioritarias, que se liciten y se otorgue a la mejor propuesta, que todo el procedimiento sea transparente, que se destinen los recursos a fines definidos con anterioridad y, por supuesto, que el Congreso del Estado lo apruebe.
Por ejemplo, el gobierno pretende vender el predio en el que por años funcionó el Cereso de esta capital. En circunstancias de normalidad financiera, sin presiones por deudas, no tendría sentido vender dicho inmueble, porque podría destinarse a la construcción de oficinas del propio gobierno y ahorrarse los millones de pesos que hoy tiene que pagar rentando espacios a particulares. Pero claramente hoy no hay esas condiciones de solvencia financiera. Luego entonces, el gobierno debe plantearse si para saldar deudas es preferible vender una propiedad o pedir dinero al banco. En esas condiciones, cualquiera entiende que es más razonable la primera opción.
La acción orquestada por Fidel Calderón, que liderará la bancada morenista a partir del miércoles, y que incluye el acarreo sobre todo de mujeres para que tomen el Congreso del Estado, parece más revancha personal y política con Silvano Aureoles. Si el Congreso le aprueba a éste la enajenación solicitada, y no se cumplieron los requisitos de ley, la próxima Legislatura y el próximo gobierno podrán ejercer acciones penales o administrativas contra el propio Aureoles o sus funcionarios que hubieran estado involucrados.
Ello corrobora que la presión de Calderón tiene más tufo al cobro de diferencias con Aureoles, que a un repentino interés por que el gobierno no venda propiedades “de todos los michoacanos”. Así de fácil.
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