En política todas las victorias son efímeras, y todas las derrotas son provisionales
Manuel Fraga Iribarne (1922-2012) Político español
En el supuesto de que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla lograra solventar el amplísimo abanico de flancos que se abrirían y de retos que se deberían atender, de concretarse su intención de que todas las comunidades indígenas que lo deseen puedan alcanzar la autonomía financiera, siempre quedará latente la gran interrogante: ¿por qué los indígenas tienen derecho a dicha autonomía, y no cualquier otro sector social?
Está claro que históricamente ha sido un grupo social marginado y con el cual, por ende, hay muchas deudas por saldar. Eso nadie lo puede discutir. Pero igualmente cierto es que como los indígenas, casi cualquier otro segmento poblacional ha sufrido las mismas discriminaciones en atención gubernamental. Luego entonces, si a manera de reivindicación el gobierno promoverá su autonomía para que decidan cómo invertir sus presupuestos públicos, la misma obligación tendría con cualquier otro grupo de la sociedad michoacana, sea o no indígena.
O planteado de otra forma: ¿por qué los indígenas sí tendrán autonomía financiera y todos los que no lo son no la tendrán? Eso sería seguir con la perniciosa práctica de que haya mexicanos, en este caso michoacanos, de primera y de segunda. Los indígenas ahora serán de primera, y en hora buena por ello, pero no a costa de que los demás seamos de segunda. En todo caso, la obligación del gobierno es pugnar por terminar con esas discriminaciones históricas, pero no invirtiendo los roles sociales de sus grupos poblacionales.
Se entiende que lo políticamente correcto es aplaudir todo lo que tenga visos de favorecer a los grupos indígenas, pero en realidad medidas del calado tan profundo como las que impulsa el gobierno de Ramírez Bedolla, deben ser tratadas con suma responsabilidad para que no resulten contraproducentes.
Ya en la entrega anterior habíamos advertido de riesgos de diversa índole que deberán cuidarse en esta reforma que ha tomado como su bandera el gobernador. Hablábamos desde los riesgos de que el crimen organizado intervenga y someta a los indígenas ahora que contarán con presupuestos propios, hasta los que tienen que ver con la falta de transparencia y de auditoría en el manejo de los recursos, amén de que está por verse qué resuelve la Corte que analiza una controversia presentada por el alcalde de Erongarícuaro en contra de esa pretendida autonomía financiera de las comunidades indígenas.
Pero suponiendo, sin conceder, que todos esos elementos de riesgo fueran resueltos, quedará siempre abierta la otra interrogante, la planteada en este espacio: ¿por qué a los indígenas sí, y a los demás no? Francamente, no creo que ni Ramírez Bedolla ni nadie del poder público, tenga una respuesta convincente.
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