Un político divide a las personas en dos grupos: instrumentos y enemigo
Friedrich Nietzsche (1844-1900) Filósofo alemán
Para el presidente López Obrador, como el para el común de los mortales, es primero la justicia que la ley. Ante una disyuntiva, es más importante hacer justicia que aplicar una ley. Y sí, suena bien, porque en muchas ocasiones no todo lo legal es justo, y viceversa.
Este lunes, un episodio evidenció ese orden de prioridades del presidente: en su mañanera se quejó de que la Suprema Corte de Justicia le ha ordenado a su gobierno devolver mil millones de pesos a una hija de Emilio Azcárraga Vidaurreta, el fundador de Televisa, por un tema relacionado con cuestiones fiscales.
“Imagínense, acaba la Corte de ordenarle al gobierno que devuelva mil millones de pesos a una señora Azcárraga, de un juicio que se llevó en el sexenio pasado, pero a los ministros no les preocupa, esos duermen tranquilos…imagínense lo que representa entregar mil millones, ¿cuántas becas para niños, niños con discapacidad, vacunas, apoyo a la gente más pobre?…son unos insensibles (los ministros) porque pueden alegar que la ley es la ley, ¿y qué?, ¿y la justicia dónde queda?….¿qué no están ahí para impartir justicia?”, arremetió el tabasqueño.
Planteado así, cualquiera percibe como “una injusticia” que a una señora millonaria el gobierno le deba devolver mil millones, que bien pudieron destinarse a comprar vacunas, por ejemplo. El asunto es que para esa señora, lo “justo” es que se le devuelva el dinero.
El problema de fondo es que definir qué es justo e injusto es lo más subjetivo que existe: cada quién lo valora en función de su propio interés y realidad. En cambio, la ley no es subjetiva, es tajante y no queda sujeta a interpretaciones. Por eso ninguna sociedad jamás ha podido regirse por lo “justo”, sino por leyes, porque lo que es justo para alguien, es injusto para otro, y a cual más con argumentos y razones.
No conozco el caso a detalle, pero si a la señora Azcárraga la Corte la está protegiendo al ordenarle al gobierno que le devuelva ese dinero, es porque la ley así lo contempla. Para ello la resolución es justa, para López Obrador es injusta. Imaginemos el enorme riesgo en que caeríamos si el presidente, López Obrador o cualquiera, decidiera qué es justo y qué no, y que las decisiones no se basaran en leyes. Cuántos excesos y atropellos se cometerían al amparo de “la justicia”. Bajo el criterio del presidente, por ejemplo, sería “justo” que un mendigo asalte o mate a un millonario para robarle su auto o quitarle su residencia, dado que se deben combatir las “injusticias”, y una injusticia es que alguien tenga mucho y otro nada.
Ello no obsta, claro, para que las políticas públicas deban orientarse al equilibrio social y al acceso a oportunidades generalizado. Y deban orientarse a implementar un sistema de leyes, no de actos de “justicia”. El día que el presidente lo entienda, otro gallo cantará.
twitter@jaimelopezmtz
