Todo hombre tiene su precio; lo que hace falta saber es cuál es
Joseph Fouché (1759-1820) Político francés
La jueza Amalia Herrera Arroyo ha dado una muestra de responsabilidad, de sensatez y hasta de sentido común, todo lo contrario del Fiscal Anticorrupción Alejandro Carrillo Ochoa, al ordenarle a éste que retome la demanda del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, referente a las sospechosas transferencias que la empresa Odebrecht le realizó por alrededor de un millón de dólares a funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y de Leonel Godoy, en el contexto de la construcción de la presa Francisco J. Múgica, entre 2007 y 2011.
Así, renace la expectativa de que uno de los actos de corrupción más emblemáticos de la obra pública de Michoacán, la presa J. Múgica, derive en la aplicación de las sanciones penales que sin duda son obligadas.
La presa es un monumento a la corrupción, pero debido a que detrás de su construcción está el apellido Cárdenas, sinónimo de impunidad, jamás nadie ha querido o podido proceder.
El Fiscal Anticorrupción se sumó a la lista de funcionarios que pretendieron tenderle un manto de impunidad a la obra, al negarse a reabrir el caso, como lo demandaba el Comité de Participación Ciudadana del SEA, bajo el absurdo argumento de que éste no era víctima directa del posible desvío de recursos públicos y de que el delito ya había prescrito.
La representación ciudadana del SEA machacó, como es su deber, y logró que el Poder Judicial michoacano le diera la razón: el viernes la jueza Herrera Arroyo le dio mazazo por partida triple al fiscal, primero porque deja en claro que el CPC sí tiene el carácter de representante de la sociedad michoacana en temas de posible corrupción con dinero público, y por tanto sí puede considerarse “víctima” de ese ilícito; segundo, porque le recuerda al fiscal que esos delitos no prescriben, y tercero, porque le ordena retomar la investigación.
Bien por la jueza, bien por el CPC, pero mal, muy mal por el fiscal Carrillo que se sacó de la manga esos razonamientos hace algunos meses para negarse a investigar a los gobiernos de Cárdenas y de Godoy, y que ahora es exhibido. Es
de suponerse que acatará la resolución de la jueza, aunque no sería descabellado que insista en encontrarle algún resquicio legaloide para darle la vuelta otra vez al caso. Veremos.
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