La democracia es el abuso de la estadística
Jorge Luis Borges (1899-1996) Escritor argentino
Sin entrar mucho en materia, porque en ello los expertos en derecho obviamente son una voz más autorizada, pero es indudable que la prisión preventiva oficiosa es propia de regímenes autoritarios, dictatoriales, como el que se está perfilando a pasos agigantados en México.
En pocas palabras, representa la antípoda de la presunción de inocencia como base del sistema jurídico en países desarrollados. México no lo es, pero al menos en ese rubro siempre puso por delante dicho principio. Hoy, gracias al pomposamente festinado nuevo sistema de justicia penal, pero sobre todo gracias a la presión de un gobierno con evidentes tintes de autoritarismo, la prisión preventiva oficiosa ha sentado sus reales.
¿Pero qué significa? Dejemos explicaciones teóricas “profundas” que solo confunden o justifican una auténtica aberración. En los hechos, sirve para que el poder público, el Ejecutivo y el Judicial, éste doblegado a aquel casi siempre, puedan mantener en prisión a adversarios políticos o de cualquier índole, por un tiempo casi indefinido y sin necesidad de que se dicte sentencia. Una barbaridad propia de sociedades incivilizadas.
Gracias a esa ley, en México un juez puede determinar discrecionalmente mantener en prisión a un acusado, al margen de si el delito que se le imputa es grave o no. Más aún, al margen de que la propia ley señale que dicho acusado puede seguir su proceso en libertad, el juez está facultado para no acatar el precepto y enviarlo detrás de las rejas.
Rosario Robles es el mejor ejemplo de ello: estuvo tres años en prisión, pese a que el delito del que se le acusa es no grave y la ley contempla que pudo estar todo este tiempo atendiendo el proceso en libertad.
Pero como su principal pecado fue haber “traicionado” al hoy presidente López Obrador, y éste se la tenía “jurada”, un comedido juez, casualmente sobrino de una aliada del tabasqueño, hizo cero y pabilo de la ley y hasta hace una semana Robles pudo lograr el beneficio de irse a su casa y desde ahí seguir su proceso.
Todo lo que debe hacer un juez es argumentar que el detenido es “peligroso” y listo, enviarlo a la cárcel. Jesús Murillo Karam representa el ejemplo más reciente de esa aberración jurídica.
La Suprema Corte de Justicia analiza reducir la discrecionalidad de los jueces en ese sentido, pero por tratarse de una poderosa herramienta jurídica para cobrar venganzas políticas y hasta personales, el gobierno de López Obrador ha decidido presionar para que se mantenga inalterable.
Solo un gobierno dictatorial puede asumir tal postura. El de López Obrador lo es. Veremos si la Corte logra transitar por la ruta de una ley menos injusta que la que tenemos, o el presidente vuelve a someterla a sus caprichos, por aberrantes que sean. Y a la pesadilla le quedan todavía 768 días.
twitter@jaimelopezmtz
