A los que les gusta mucho la plata, hay que correrlos de la política; son un peligro
José Mujica (1935-?) Presidente de Uruguay
En la entrega anterior, advertíamos que en términos técnicos y financieros, sin duda parece haber sustento en la intención del gobierno del estado de contratar 19,500 millones de pesos como deuda bancaria nueva, para con ella liquidar los créditos vigentes que vienen desde el 2002 y que suman justo esa misma cantidad, con la ventaja de que ahora el endeudamiento sería pagadero en mejores condiciones generales.
Empero, alertábamos que para ganar legitimidad, debiera señalar directa y públicamente a los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, como los autores de la masacre financiera que hoy tiene postrada a la entidad.
Pero además de ello, si el gobierno y el mismo Congreso quieren darle plena legitimidad al proceso, deberán cumplir, sí o sí, una serie de protocolos que garanticen transparencia y mitiguen las naturales dudas de este tipo de eventos.
Uno: el gobierno debe explicar, con peras y manzanas, los detalles y las razones de su solicitud para ese trámite, no solo a los diputados, sino a la opinión pública. En ese sentido, sería deseable que las reuniones de aclaración de dudas que habrá entre los funcionarios de Finanzas y los diputados, tanto en comisiones como en plenarias, sean abiertas a la prensa y se transmitan en redes sociales.
Dos: el gobierno haría bien en escuchar a los especialistas de la sociedad civil, como el Colegio de Economistas, Cemide, la Escuela de Economía de la Universidad Michoacana, entre otros, que mucho pueden aportar en términos de propuestas y sugerencias.
Tres: si se aprueba la iniciativa por el Congreso, el gobierno debiera difundir a detalle los términos de la licitación pública para convocar a los bancos interesados en prestarle esos 19,500 millones de pesos y hacerse acompañar de dichos especialistas en todo el proceso. Y lo más importante: cuando tome la decisión de cuál o cuáles bancos resultaron ganadores de la licitación, explicar con lujo de detalle las razones.
Cuatro: sería fundamental que desde ahora, el gobierno informe qué uso le dará a los alrededor de 45 millones de pesos que proyecta ahorrarse cada mes, una vez reestructurada su deuda bancaria. Pero esa información debiera ser muy concreta, no con vaguedades como “fomento al campo”, “impulso al empleo”, sino por ejemplo qué caminos se rehabilitarán o construirán, cuántas medicinas se comprarán, cuántos pozos se perforarán. Y aclarar, ojo, que ese dinero extra no irá a parar al cártel de la Cnte, que ya se frota las manos.
Si se cumplen esos pasos, al menos, el gobierno ganará en respaldo social, porque es natural que haya recelo ante cualquier escenario de endeudamiento. Tantos episodios de corrupción ha visto Michoacán en circunstancias como esta, que es obligado dudas de todo. Y es obligación del gobierno extremar las medidas de transparencia.
Ya dijimos: sí parece congruente la estrategia gubernamental de adquirir deuda para liquidar otra, pero ahora quedándose con un crédito en mejores condiciones de pago. Pero entender eso no basta. Hay que llevar al extremo la transparencia.
twitter@jaimelopezmtz
