Ningún hombre es lo bastante bueno para gobernar a otros sin su consentimiento
Abraham Lincoln (1809-1865) Presidente de Estados Unidos
Si bien es un fenómeno histórico, añejísimo, que cada año se reproduce sistemáticamente en los periodos de lluvias, en este la aparición de baches y en algunos casos auténticos socavones en las calles de Morelia, presenta el ingrediente adicional de la lucha encarnizada entre los gobiernos municipal y federal que se acusan mutuamente de ser los responsables de corregirlos.
En efecto, un día sí y otro también, el ayuntamiento y la delegación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se endilgan acusaciones, algunas subidas de tono, en torno a que la otra parte es la responsable de bachear las calles morelianas.
En realidad, lo que subyace en este fenómeno es una absurda división de territorios en la mancha urbana, no sólo del ayuntamiento y la SCT, sino en algunos casos del gobierno estatal incluso.
Por reglamentos arcaicos, desfasados de la realidad, en buena parte del área urbana hay una ilógica división territorial que lo único que genera es confusión y, lo peor, que todo mundo se lave las manos cuando de asumir responsabilidades se trata.
Por ejemplo, la Calzada La Huerta, en sus carriles centrales está bajo la jurisdicción de la SCT, pero en los laterales lo está del municipio. Esa división absurda prevalece en Camelinas, prácticamente en todo el Periférico y en casi todas las salidas-entradas de la ciudad; y es que jamás se actualizó una normatividad que data de hace varias décadas, cuando eran otras y muy distintas las condiciones que prevalecían en el área urbana de Morelia.
Hoy, se pagan las consecuencias de ese desfasamiento: cada nivel de gobierno tiene pretexto para incumplir sus responsabilidades en materia de prestación de servicios municipales, con el bacheo como emblema de ese fenómeno actualmente.
Es urgente, pues, una redefinición de atribuciones y alcance de obligaciones de cada nivel gubernamental en las vialidades morelianas: tan sencillo como que toda la mancha urbana debe ser obligación de atender por el municipio, y fuera de ella las vialidades pasen a la jurisdicción federal o estatal, según sea el caso.
¿Qué sentido o lógica tiene que la Federación deba vigilar que se tapen los baches de la Calzada La Huerta?, claramente ninguno. Evidentemente, una redistribución así debiera ser acompañada de la reasignación presupuestaria para que en este caso el ayuntamiento cumpla sus obligaciones de servicios.
Solo entonces sabremos con precisión a qué nivel de gobierno corresponde tal o cual área, y se termine la insana práctica de acusar al de enfrente de las tareas que deben ser propias.
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