Dejar de luchar por culpa de la corrupción que hay en tu alrededor, es como cortarte el cuello porque hay barro afuera
Nicolae Lorga
Le asiste razón al Staspe, pero también al gobierno en el problema de la falta de recursos del Fondo de Pensiones Civiles del Estado.
Al sindicato de burócratas, porque, en efecto, hacen falta muchos millones de pesos a dicho fondo, que fueron robados, literalmente robados por gobiernos anteriores y que eran parte del salario de sus agremiados, descontados pero no entregados a la cuenta bancaria correspondiente.
Y le asiste razón al gobierno estatal, porque éste, el actual, el que preside Silvano Aureoles, ha venido cumpliendo cabalmente con sus aportaciones al fondo, tanto de su parte como de lo que le descuenta a sus trabajadores.
¿Y entonces? Pues nada, que si hemos de buscar culpables del desfalco al multicitado fondo, no lo tenemos ni en el Staspe ni en el gobierno de Aureoles, pero sí en los de Leonel Godoy y de Fausto Vallejo.
Breve historia: hasta antes de 2009, el Fondo de Pensiones Civiles del Estado operó, digamos que razonablemente bien. Por ley, el gobierno retiene a sus sindicalizados el 5.5 por ciento de su salario para aportarlo al fondo, y él mismo, el gobierno, suma otra parte similar. Con ese recurso aportado al fondo puntualmente, éste está en condiciones de hacer frente a los compromisos para los que fue creado: que de ahí se paguen jubilaciones y pensiones y que la Dirección de Pensiones pueda autorizar préstamos a los burócratas. Una aportación puntual del gobierno y el cobro de dichos préstamos genera recursos revolventes para que siga operando el fondo.
Pero resulta que al gobierno de Godoy se le ocurrió que podía “tomar prestado” el dinero que descontaba a sus trabajadores y, desde luego, tomar también el dinero que debía orientar al fondo, con el compromiso de devolverlo después. Y, como es fácil suponer, jamás lo devolvió. En palabras llanas, se robó ese dinero de los burócratas. Y el gobierno vallejista entendió que era buena la estrategia de su antecesor, y la mantuvo vigente, pulida y mejorada. A la vuelta de los años, el desfalco al fondo, ocasionados por ambos gobiernos, llegó a los quinientos millones de pesos.
En ese escenario llegó el gobierno de Silvano Aureoles que, reconocido por el Staspe, comenzó a pagar puntualmente su parte al fondo, lo mismo que a aportar lo que descontaba a los trabajadores. Incluso, dispuso de 150 millones de pesos para reducir el déficit a 350, aunque en estricto sentido no era su responsabilidad.
El déficit ya no ha crecido, porque ahora sí se paga puntual e íntegramente, pero tampoco el gobierno de Aureoles ha podido liquidar todo el compromiso institucional acumulado, producto del desfalco ocasionado por las administraciones godoyista y vallejista. Por eso decía que tanto Staspe como gobierno de Aureoles tienen razón. Se proyecta una solución de fondo, con compromisos calendarizados para ir abonando hasta dejar en números negros el fondo.
Es deseable que así suceda, como igual lo es que el gobierno meta en la cárcel a los responsables de dicho atraco al Fondo de Pensiones Civiles. Porque solucionar hoy el problema, no impide que se sancione a sus autores, al contrario, es obligado hacerlo para no abonar al clima de impunidad que vive en todos sentidos Michoacán. Veremos hasta donde hay voluntad para caminar en las dos vías simultáneamente.
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