El que no se atreve a ser inteligente, se hace político
Enrique Jardiel Poncela (1858-1919) Político estadounidense
Todo apunta que a final de cuentas, el asesinato del alcalde de Nahuatzen, David Otlica, tuvo como móvil una venganza de tipo personal, y no los roces históricos que él y los ediles que le antecedieron, han tenido con el autodenominado Concejo Indígena.
Tal, es la línea de investigación que tiene la Fiscalía General del Estado, de acuerdo con investigaciones de Respuesta, dado que oficialmente el titular de la dependencia, Adrián López Solís, se limitó a informar este jueves sobre la detención de un individuo como posible responsable del asesinato de Otlica.
Habrá que decir que el fiscal hace bien en no compartir mayores datos al respecto de manera oficial y pública, para que la detención del probable homicida no se venga abajo o, al menos, se altere, por violaciones al debido proceso. Repito, la información de que el alcalde fue víctima de un ataque por razones de venganza personal –el acusado es padrastro de una pareja del hoy occiso-, es extraoficial pero absolutamente corroborada por RESPUESTA.
Pero al margen de que todo apunte a que el Concejo Indígena de Nahuatzen no tendría qué ver en el crimen, ello no significa que deba quitarse el dedo del renglón en cuanto a la necesidad de normar los alcances, atribuciones, responsabilidades y criterios con que se manejan las comunidades indígenas que buscan la autonomía financiera y político-electoral.
No sería prudente que dado el perfil que comienza a tomar el caso Otlica, la Secretaría de Gobierno que encabeza Carlos Herrera Tello abandonara la idea de empujar por los cambios y ajustes legales para que esa autonomía indígena y el derecho de los pueblos llamados originarios a manejarse política y financieramente de manera autónoma, no constituyan un delito. De hecho, para la próxima semana tiene Herrera contemplado organizar foros con ese motivo.
Y es que independientemente de la tragedia en Nahuatzen, es un hecho que la actuación de los concejos indígenas se encuentra en el filo de la ilegalidad, salvo el caso de Cherán, y es urgente darle un cariz que se ciña al estado de derecho, porque de lo contrario siempre seguirá latente el riesgo de enfrentamientos armados o, por lo menos, de ambientes de ingobernabilidad, como es el que ha vivido Nahuatzen desde hace una década.