Un buen político es aquel que, tras haber sido comprado, sigue siendo comprable
Winston Churchill (1874-1965) Político británico
A la luz de la tragedia en Nahuatzen, donde el alcalde David Otlica fue ejecutado presumiblemente como resultado de las disputas por el manejo presupuestal con el Concejo Ciudadano Indígena, es imperativo que se replanteen los esquemas de autonomía que han venido ganando diversas comunidades de la meseta purépecha, algunas, como Cherán, con fundamentos legales, y otras, como las de Nahuatzen, sólo de facto.
Y en ese sentido, debe esperarse una positiva respuesta a la convocatoria que ha anunciado el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello, para que la próxima semana se congreguen en una mesa de trabajo todos los organismos públicos, organizaciones no gubernamentales y agrupaciones indigenistas, amén de estudiosos en el tema, a fin de evaluar cómo ha venido operando el esquema “independentista” de comunidades indígenas, sobre todo en Michoacán.
Es claro que ha caminado mal, habida cuenta que no ha contado con el menor soporte jurídico que reglamente alcances y límites del concepto de “usos y costumbres” y la autonomía que con base en éstos, diferentes comunidades exigen en materia financiera y política. Está claro que el caso de Cherán ha sido irrepetible hasta ahora, por más que se ha pretendido copiar en las comunidades vecinas de la meseta.
Sólo un renglón ilustra el desaseo del proceso: las comunidades presionan a las autoridades municipales, estatales y federales, para que les canalicen directa e íntegramente el dinero que les corresponde al año, obviamente como parte del presupuesto del ayuntamiento al que pertenecen y como parte también de los programas sociales y de obra pública gubernamentales.
En estricto sentido, es ilegal entregarles a los líderes de esas comunidades el dinero, pero en aras de evitar la ingobernabilidad que suelen generar cuando no se cumplen sus demandas, los gobiernos estatal y federal aceptan canalizarles directamente el presupuesto. Pero resulta que esos líderes nunca entregan cuentas del manejo del presupuesto, so pretexto de la autonomía a que tienen derecho por ser indígenas, y como en el caso del Concejo de Nahuatzen, el dinero fue básicamente utilizado en armar a civiles que compiten con la Policía Municipal, con fines más vinculados a la criminalidad que a resguardar la seguridad entre la población. Y los alcaldes, que no manejaron ese dinero, sí tienen que rendir cuentas a la hora de las auditorías estatales o federales. Un absurdo completo.
Ese y otros rubros derivados de esa autonomía exigida por comunidades indígenas, sobre todo relacionados con el manejo de los cuerpos policiacos y la ejecución de obra pública y programas sociales, es lo que debiera ponerse sobre la mesa de análisis en el foro convocado por Herrera Tello. Lo importante es sujetar esa autonomía a la ley, delimitarla para que si van a manejar recursos públicos, los concejos indígenas también rindan cuentas y se sometan al escrutinio obligado para cualquier autoridad.
Es de esperarse que esa sea la tónica del encuentro, para que realmente valga la pena y no sea sólo un evento más para la foto, y de cuyas conclusiones no se acuerda nadie porque no se traducen en nada. Veremos.
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