Cuanto menos aporta un político, más ama a su bandera
Kin Hubbard (1868-1930) Periodista norteamericano
La designación del nuevo presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos se tambalea: el Congreso del Estado habría incurrido en al menos tres irregularidades en su designación.
Primera: las comisiones unidas de Derechos Humanos y Justicia, tenían un plazo de noventa días para proponer una nueva terna a partir de noviembre de 2019, fecha en que abortó el primer intento de los diputados por designar al Ombudsman. En lugar de noventa días, dichas comisiones requirieron 494 días.
Segunda: la ley establece que una vez configurada la terna por parte de dichas comisiones, éstas deben dar un plazo de cuarenta y ocho horas para distribuir su resolución al resto de los diputados. Pero resulta que las comisiones aprobaron su terna el 17 de agosto por la mañana, y por la noche de ese mismo día la estaban presentando al pleno. Es decir, en lugar de 48 horas, lo hicieron en apenas unas doce o catorce.
Y tercera, el artículo 21, fracción quinta, de la Ley Estatal de Derechos Humanos, establece que cuando de una terna no se concretice el nombramiento de ninguno de sus integrante como presidente de la CEDH, los diputados deberán formular una nueva terna. En la de noviembre de 2019, habían sido contemplados dos de los mismos prospectos de ahora, Marco Antonio Tinoco Álvarez y Luis Ventura de la Rosa. Ello significa que no hubo una “nueva terna”, sino la misma solo con un cambio. Como se sabe, Tinoco Álvarez finalmente fue designado presidente de la CEDH.
Uno de los interesados en ser tomado en cuenta por los diputados para el cargo de Ombudsman, el abogado David Romero Flores, ha tramitado un amparo ante la justicia federal en contra de la determinación del Congreso, y de acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, existen muchas posibilidades de que se ordene a los diputados volver a formular todo el procedimiento para la designación. Por ahora, se está a la espera de que el juez ordene una suspensión, lo que pondría una pausa en la toma de posesión de Tinoco. Casos muy parecidos se presentaron en Chiapas y Jalisco, con irregularidades casi idénticas y la justicia federal ordenó a los respectivos Congresos reponer el procedimiento de designación de sus presidentes de Derechos Humanos.
De emplearse el mismo criterio, seguramente sería la siguiente Legislatura la que encararía la responsabilidad de cumplir el ordenamiento judicial. Habría que exigirle en su momento que lo haga rápido y bien, no como la actual, que dejó 18 meses acéfala la CEDH, y que lo hizo con serias deficiencias legales. Veremos.
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