La libertad, cuando empieza a echar raíces, es una planta de rápido crecimiento
George Washington (1732-1799) Primer presidente de Estados Unidos
Los gobiernos federales y estatal maniobran a toda velocidad para diseñar una estrategia que genere estándares razonables de seguridad en favor de los supervisores norteamericanos de los plantíos de aguacate michoacano. Es deseable que logren estructurar un plan que convenza al gobierno de Estados Unidos, que finalmente es el que dará la última palabra respecto a si reabre o no sus fronteras a la fruta, cerradas por amenazas a uno de sus supervisores la semana pasada.
Urge una solución, porque hay cientos de miles de toneladas del producto en riesgo de perderse dada su pronta caducidad.
Empero, debe exigirse que el protocolo de seguridad que diseñen los gobiernos estatal y federal y que eventualmente apruebe el norteamericano, incluya a los productores, cortadores, empacadores y exportadores del aguacate de la zona de Uruapan y municipios vecinos. Sería injusto a más no poder que todo el esfuerzo gubernamental mexicano se centrara en garantizar la seguridad de los inspectores que representan a EU (sean de ese país o mexicanos), pero que no se incluyera a los nacionales que intervienen en la cadena productiva del aguacate.
De hecho, sería una gran oportunidad para comenzar a romper la ominosa injerencia del crimen organizado en todo el proceso productivo aguacatero, que desde hace una década tiene sumidos a empacadores y exportadores en obligadas extorsiones multimillonarias, sin que ningún nivel de gobierno intente siquiera hacer algo en su defensa. Más aún, los cárteles crimínales están buscando ir más allá: controlar tiempos y procesos de producción del aguacate, decidir quién sí y quién no y cuánto puede producir y exportar, lo mismo que hacen con el limón y otros productos del agro que significan millones de pesos también para los delincuentes.
La coyuntura del cierre de las fronteras de EU, bien podría ser el parteaguas del gobierno para que a través del plan de seguridad que debe formular en favor de los inspectores de ese país, igualmente se cobije a los mexicanos. Cierto, es complicado a más no poder, pero si hay voluntad por supuesto es posible lograrlo.
Lo que no se valdría es que en favor de los inspectores norteamericanos se echara toda la carne al asador, y se siguiera dejando en el abandono y a su suerte a los mexicanos por aquello de los abrazos y no balazos. Esa sería una «solución» no solo parcial y maquillada, sino inmoral. Veremos.
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