Es la falta de participación pública, lo que da poder a los corruptos
Al Gore (1948-?) Vice presidente de Estados Unidos
La excarcelación de los tres normalistas procesados por destruir vehículos, se da al amparo de la ley, de eso no hay duda, pero tampoco la hay de que es una pésima señal de impunidad. Parece paradójico, pero en el fondo no lo es.
Primero, no debe olvidarse que si seguían su proceso penal en la cárcel, es porque mientras no garantizaran la reparación del daño, el juez no podía liberarlos y que siguieran el proceso fuera de prisión. Pero apenas hace diez días el presidente López Obrador «sugirió» que se encontrara la forma de liberarlos, y en menos que canta un gallo el poder público michoacano en pleno se movilizó para atender la petición presidencial que, ya sabemos, en realidad fue una orden. Y este sábado pasado misteriosamente aparecieron los 150 mil pesos necesarios para garantizar el pago del deducible del seguro de la unidad siniestrada. De donde haya salido el dinero, pero el juez ya no tuvo argumentos para mantenerlos en la cárcel.
En ese sentido, la medida fue legal aunque, ya decíamos, injusta y peligrosa porque alienta la impunidad. De nueva cuenta, los delincuentes disfrazados de normalistas han corroborado que siempre habrá el dinero público necesario para pagar su excarcelación, lo que por supuesto constituye un aliciente para seguir delinquiendo. Jamás en Michoacán un normalista irá a la cárcel por sus actos delincuenciales. El peor escarmiento será pasar ahí unas pocas semanas.
Lo peor de todo es que López Obrador vino a echar abajo la política pública del gobernador Ramírez Bedolla que, hay que reconocerlo, había estado orientada a combatir la impunidad de los normalistas, ordenando operativos policiacos de desalojo de vías del tren, o deteniéndolos cuando caen en delitos, que es bastante frecuente. Pero la «sugerencia» presidencial hizo mella en el gobierno, en la Fiscalía y en el Poder Judicial. Todos se vieron obligados a encontrar la forma legal de cumplir la peligrosa instrucción de López Obrador, incluyendo la aparición mágica de los 150 mil pesos.
De hecho, Ramírez Bedolla queda como un villano a los ojos de los normalistas, si bien su decisión de combatir la impunidad que propician conlleva un abierto respaldo de la opinión pública.
Es deseable que el gobernador no cambie su política en ese sentido. Ahora se tuvo que recular por la intromisión presidencial, pero es de esperarse que aún así se mantenga la decisión de hacer uso de la fuerza pública para meter en cintura a los normalistas. Se perdió una batalla por la vigencia del estado ese derecho, pero no la guerra.
Bedolla no debe dar marcha atrás y López Obrador no debe volver a involucrarse sometiendo a los poderes locales y a los organismos autónomos como la Fiscalía. Lo primero es viable aunque debe alertarse que lo segundo es casi imposible. Paradójico también que el presidente sea el principal dique que debe sortear Bedolla. Pero es lo que hay. Y a la pesadilla todavía le quedan 672 días.
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