No me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena
Martin Luther King (1929-1968) Pastor Bautista norteamericano
Que el gobernador Silvano Aureoles haya llevado a la Corte una controversia constitucional para tratar de que se regule y clarifique la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, no debiera ser tomado más allá del alcance que realmente tiene: un gobernante haciendo uso de atribuciones que la Constitución le concede, contra una medida que, considera él, no tiene la solidez jurídica necesaria. Punto.
El asunto cobra otras dimensiones por el momento en que se presenta y el perfil del protagonista, sin duda. Aureoles forma parte de un bloque de siete gobernadores que ha alcanzado notoriedad por su posición férrea en contra de la visión centralista del poder, poder económico sobre todo, del presidente López Obrador. Por ello, cuanto haga o deje de hacer Aureoles, lo mismo que los otros seis gobernantes de dicho grupo, es considerado como oposicionista per se a Palacio Nacional.
Pero siendo natural entonces esa reacción, que un gobernador acuda a la Corte a controvertir una medida presidencial, en realidad tendría que resaltarse, porque al margen del resultado del litigio, siempre será sano que todas las diferencias entre los poderes públicos se diriman por las vías jurídicas establecidas con ese fin.
Por lo demás, es claro que la postura de Aureoles es, por decir lo menos, argumentada: el decreto presidencial de mayo anterior, por medio del cual se ordenaba a las fuerzas armadas mantenerse en tareas de seguridad pública prácticamente el resto del sexenio, puede ser considerado necesario o no –en lo personal sí lo creo-, pero es evidente que adolece de estructura jurídica elemental, dado que no tiene siquiera un remedo de reglamentación, de claridad, de alcances, de detalles. Nada. Como tantas otras cosas con López Obrador, parece hecho sobre las rodillas.
Me parece que Aureoles fue claro al advertir que reconoce la labor del Ejército y la Marina en las tareas contra la criminalidad, como las reconocemos todos, y que por tanto su controversia no busca vulnerarles en ningún sentido, sino en todo caso darle formalidad legal a su actuación fuera de los cuarteles. De sentido común.
Y es que en el fondo todo mundo percibe los peligros de una franca y abierta militarización en México. Que soldados y marinos son imprescindibles en las calles, sin duda. Que debe regularse esa actuación, también.
Es de esperarse, por tanto, una respuesta positiva del Poder Judicial Federal. Veremos.
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